Ricardo Gómez Diez Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Isabel I
Mar, 14/07/2015 - 10:51

Cuando los estudiantes se acercan por primera vez al estudio del Derecho internacional (DI para abreviar), se sorprenden con dos de sus características principales que no aparecen en ninguna otra disciplina jurídica: inexistencia, como tal, de un legislador universal y una codificación muy limitada. Sin legislador y sin leyes, ¿cómo se articula un Derecho que aspira a regular las relaciones entre los Estados y cuya pretensión más importante es evitar los conflictos y conseguir un mundo en paz?

«Pacta sunt servanda»: el viaje y las alforjas

Simplificando mucho la respuesta, el esqueleto del DI está construido sobre los determinados principios sobre los que la mayoría de las naciones del mundo se han puesto de acuerdo y que se consideran de obligado cumplimiento en cualquier lugar y en cualquier tiempo. Son las llamadas normas de ius cogens, 'derecho imperativo', que se acatan porque protegen valores universales respetados en todas las culturas y en todos los sistemas políticos.

Uno de estos principios imperativos, atribuido al jurista latino Ulpiano y contenido en el Digesto de Justiniano (año 533 d. C.), es la conocida locución latina «pacta sunt servanda», que significa que los pactos deben cumplirse. Sobre esta máxima se apoya todo el Derecho de los tratados y, con mayor o menor fortuna, ha regido las relaciones entre los pueblos desde los principios de la humanidad. Esencialmente, un Estado confía en otro porque espera que cumpla lo que ambos han pactado libremente. Y, a un nivel más cercano, rige también en todas las relaciones humanas que tienen consecuencias jurídicas.

Viene todo esto, como no podía ser de otra forma, a cuenta de la llamada «crisis griega», tema monográfico en los medios de comunicación, en las redes sociales y hasta en las tertulias de los cafés en las últimas semanas. Y me gustaría invitaros a la reflexión sobre algunas cuestiones que me parecen dignas de dedicarles una atención especial.

El punto de partida ha de ser la estructura de la UE y sus mecanismos de toma de decisiones. Para bien o para mal, con sus defectos (muchos) y virtudes (algunas), los Estados europeos entendieron tras la II Guerra Mundial que agrupar sus intereses económicos y comerciales podría ser un freno para evitar conflictos futuros. A partir de la CECA (Tratado de París de 1951), la semilla de la integración prendió en Europa y su evolución ha llegado hasta la comunidad política que hoy conocemos: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Tribunal Europeo de Justicia y el Banco Central Europeo son hijos de ese proceso de integración, uno de cuyos hitos esenciales se alcanzó el 1 de enero de 2002 con la adopción del euro como moneda común.

Resulta evidente que la UE se rige por los acuerdos libremente suscritos entre las partes y a cuyo cumplimiento están obligados todos sus signatarios. «Pacta sunt servanda». Pero, en medio de unas durísimas negociaciones para articular el tercer rescate a Grecia, Alexis Tsipras hace uso de su legitimidad democrática, no discutida por nadie, convocando a su pueblo a un referéndum para decidir si se aceptan o no las condiciones que fije la UE para socorrer a la economía griega.

Buena jugada que, además, pilla con el paso cambiado al resto de socios comunitarios y sumerge a la zona euro en la mayor crisis conocida en los trece años de su historia. En la cuna de la democracia occidental, el pueblo es el que decide. Pero la pregunta del millón es si la legitimidad de la consulta no fue un brindis al sol que puso en riesgo la estabilidad económica europea, la credibilidad de las instituciones y que ha puesto sobre la mesa que los mecanismos de toma de decisiones en la UE han de ser revisados y adecuados a situaciones de emergencia.

¿Estamos ante una nueva forma de hacer política internacional? ¿Un país miembro de la OTAN consultará a sus ciudadanos antes de recibir tropas de la Alianza en su territorio? ¿El Gobierno español someterá a referéndum la aportación de 10.000 millones de euros al plan de salvamento de la economía griega? ¿Serán las consultas populares un nuevo medio para abordar el cumplimiento de los pactos y acuerdos internacionales?

Para terminar (y a la vista del resultado del referéndum pero, sobre todo, de las condiciones que finalmente ha impuesto la UE para el tercer rescate), no me resisto a confrontar la expresión latina con un castizo refrán castellano: «Para este viaje, no hacían falta tantas alforjas».

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