Elisa M. Profesora de Derecho de la Universidad Isabel I
Lun, 03/10/2016 - 19:06

Sin duda, este año 2016 ha sido el de la modernización de la Justicia y el camino hacia su plena digitalización. Desde el 1 enero al 30 junio de 2016, se han practicado de forma electrónica alrededor de 38 millones de comunicaciones, de las cuales, 32.972.922 son notificaciones; lo que supone un 22% más que en el mismo periodo del año anterior; 3.945.583 escritos de trámite, un 219% más que en las mismas fechas de 2015; y 802.277 demandas, un 541% más que en el mismo periodo del pasado ejercicio.

En este sentido, el pasado 7 de julio de 2016, se cumplió el plazo de cinco años que la Ley 18/2011, de 5 julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información en la Administración de Justicia, dio a las Administraciones públicas con competencias en Justicia para que dotasen a las oficinas judiciales de los medios necesarios para la tramitación electrónica de los procedimientos. A tal efecto, las sedes judiciales cuentan con un sistema de tramitación en el que las comunicaciones (demandas, escritos, notificaciones y expedientes administrativos), la firma, el visionado y la consulta de documentos y archivos se llevan a cabo íntegramente de manera digital.

Teniendo presente nuestra entrada anterior sobre las Novedades que va a incorporar la nueva Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como el «Papel cero» en los juzgados a partir del 1 de enero de 2016 y el Balance de este primer mes del «papel cero» en los juzgados, y superados ya casi los dos meses desde su implantación, nos preguntamos:

- ¿De qué manera se ha eliminado el papel del proceso? 
- ¿Se siguen usando los expedientes físicos para controlar e impulsar los procedimientos judiciales? 
- ¿La Justicia digital otorga mayores garantías en todos los actos jurídicos?

Lo cierto es que, según datos oficiales del Ministerio de Justicia, la Justicia digital funciona en todas las capitales de provincia y localidades más importantes que son competencia del ministerio. El tiempo de tramitación de documentos se ha reducido de 60 a 19 días, y se han ahorrado más de 250 millones de euros. De tal forma que, en la práctica, dos de cada tres juzgados trabajan ya íntegramente de forma electrónica.

Pero ¿creéis que, a fecha de hoy, todos los juzgados la están utilizando?

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