Análisis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
4 de diciembre de 2025. El profesor Fernando Pinto Palacios, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Isabel I, ha participado en la publicación del libro Art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Diez años de dudas, reflexiones y retos de futuro sobre los plazos de instrucción, editado por Sepín Editorial Jurídica.
La obra reúne a algunos de los especialistas más destacados en Derecho penal y procesal penal para analizar uno de los preceptos más controvertidos del ordenamiento jurídico español.
El libro está dirigido por el magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar y coordinado por el magistrado Claudio García Vidales y constituye un proyecto enriquecedor que aborda, desde un punto de vista práctico, doctrinal y jurisprudencial, la regulación de los plazos de instrucción en los últimos diez años.
"La finalidad de estos plazos es que ningún ciudadano quede cuestionado en su presunción de inocencia y sometido a un proceso de investigación indefinido, inagotable y temporalmente irrazonable para una sociedad democrática" (STS 52/2022, de 21 de enero), como expuso Fernando Pinto Palacios en su publicación en las redes sociales.
Un precepto que marcó un antes y un después en la práctica judicial
El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula los tiempos máximos para la fase de instrucción penal. La reforma introducida por la Ley 41/2015 supuso un cambio profundo en la organización del trabajo de los juzgados y de las fiscalías al establecer límites temporales más estrictos para investigar los hechos delictivos. Esta reforma generó dudas interpretativas, críticas por sus posibles efectos en la tutela judicial efectiva y un amplio debate sobre su impacto real en la eficiencia del sistema de justicia penal.
Posteriormente, la Ley 2/2020 volvió a modificar el sistema, con el objetivo de corregir algunos de los problemas detectados durante los primeros años de aplicación. Estas reformas han provocado un auténtico “terremoto” en la práctica diaria, cuyas consecuencias siguen estudiándose a día de hoy, tal y como se recoge esta publicación.
El texto analiza también el sentido garantista de estos plazos que buscan equilibrar dos exigencias esenciales: evitar instrucciones interminables que afecten a la presunción de inocencia y, al mismo tiempo, permitir que los delitos complejos puedan investigarse adecuadamente.
La aportación del profesor Pinto Palacios
En su capítulo, el profesor Fernando Pinto Palacios, magistrado, doctor en Derecho y Letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo (Área Penal), estudia en detalle las diferencias entre el régimen de los plazos de instrucción establecido por la Ley 41/2015 y el que se consolidó tras la Ley 2/2020. Su análisis compara los fundamentos, los problemas prácticos, las soluciones jurisprudenciales y consecuencias procesales de ambas regulaciones.
El docente ha mostrado públicamente su agradecimiento a la editorial y al equipo de dirección y coordinación: "Ha sido un privilegio participar junto a profesionales del Derecho que aportan una visión complementaria y necesaria sobre un tema tan complejo y lleno de luces y sombras", señaló tras anunciar la publicación en sus redes sociales.
Una obra de referencia para juzgados, fiscalías y academia
La publicación cuenta con más de doscientas páginas dedicadas a desentrañar un único precepto. Fiscales, magistrados, abogados y académicos aportan una visión práctica que convierte la obra en un manual de consulta imprescindible para todos los operadores jurídicos que trabajan a diario en el proceso penal.
Entre los autores se encuentran, entre otros, Silvia Albert Pérez, César Calvo Espino, Teresa del Caso Jiménez, Pedro Díaz Torrejón, Juan Manuel Fernández Aparicio, Juan Jacinto García Pérez, Lucía López Moreno, Jesús Lorenzo Aguilar, María del Carmen Molina Mansilla, Jaime Moreno Verdejo, Antonio Narváez Rodríguez, María Concepción Rayón Ballesteros, Verónica Suárez García y Eduardo de Urbano Castrillo, además del propio profesor Pinto Palacios.
La obra ofrece una mirada amplia y rigurosa a un precepto que continúa generando interrogantes y que condiciona de forma decisiva el funcionamiento de la justicia penal en España.