3 de marzo de 2026. El profesor de la Facultad de Ciencias de la Seguridad y Criminología de la Universidad Isabel I, Martín González y Santiago, ha publicado en la revista Delta 13 News un análisis titulado “Ciudadanía desatendida: el ostracismo y la inseguridad jurídica impuesta por las Administraciones Públicas”, en el que alerta del deterioro estructural del servicio público y de la creciente sensación de abandono que experimenta la ciudadanía.
En el artículo el autor parte de una doble perspectiva profesional: la académica y la experiencia directa como usuario y conocedor interno de la Administración. Desde ese enfoque, sostiene que el ciudadano ha sido desplazado del lugar central que le reserva la Constitución Española, quedando atrapado en una maquinaria burocrática que, en demasiadas ocasiones, actúa como obstáculo en lugar de garante de derechos.
Retrasos, colapso y desatención
El profesor documenta con datos oficiales una realidad que califica de “abandono estructural”: más de 820.000 personas en lista de espera quirúrgica en 2023, con una demora media de 112 días; más de tres millones de asuntos pendientes en la justicia; y reiteradas advertencias de organismos como el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas sobre deficiencias organizativas y falta de medios.
Para el profesor González y Santiago, el problema no radica únicamente en la escasez de recursos, sino en fallos de gobernanza, ausencia de evaluación del desempeño y una cultura institucional que rara vez activa mecanismos disciplinarios ante incumplimientos. “Cuando el cumplimiento excelente del deber se percibe como algo excepcional, algo profundo está fallando”, sostiene.
La pandemia y la excepcionalidad convertida en norma
Uno de los ejes centrales del texto es el análisis del impacto de la pandemia y la posterior sentencia 148/2021 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales aspectos esenciales del primer estado de alarma. A juicio del autor, la excepcionalidad jurídica se ha prolongado en la práctica administrativa, consolidando medidas como la cita previa obligatoria o la reducción de la atención presencial.
La cita previa, concebida como herramienta organizativa, se habría transformado —según expone— en una barrera que excluye a personas mayores, residentes en zonas rurales o ciudadanos con escasa competencia digital, en tensión con lo dispuesto en la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015.
Brecha digital y desigualdad territorial
El artículo dedica un apartado específico a la brecha digital. Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que más de un tercio de las personas entre 65 y 74 años no utiliza internet de forma regular, lo que convierte la digitalización obligatoria en un factor de exclusión. La falta de interoperabilidad entre las administraciones “obliga con frecuencia al ciudadano a aportar documentos que ya obran en poder del propio sistema público”, añade.
A ello se suman los problemas derivados de la interinidad estructural en el empleo público —que llegó a superar el 30 % antes de la Ley 20/2021—, la externalización de servicios sin controles suficientes y las disfunciones propias de una gobernanza multinivel fragmentada.
Otro de los puntos críticos es el absentismo laboral en el sector público. El autor cita auditorías que sitúan las tasas entre el 7 % y el 10 %, denunciando la falta de indicadores homogéneos y la escasa aplicación del régimen disciplinario previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público. La ausencia de consecuencias genera “incentivos perversos y desmotiva a quienes sí cumplen con diligencia”, matiza el profesor González.
Propuestas de reforma estructural
Lejos de plantear una crítica “antipública”, Martín González y Santiago defiende la necesidad de reforzar lo público mediante una reforma integral basada en siete ejes: evaluación obligatoria del desempeño, control horario efectivo, profesionalización directiva, interoperabilidad tecnológica, garantía de atención presencial, reducción de la brecha digital y publicación periódica de indicadores verificables.
A su juicio, la modernización no puede limitarse a ajustes cosméticos, sino que debe recuperar principios esenciales como la eficacia, la responsabilidad y el servicio al interés general consagrados en el artículo 103 de la Constitución.
Responsabilidad política y confianza democrática
El texto concluye subrayando que la responsabilidad última es política. “La alternancia electoral no corrige por sí sola las disfunciones estructurales si no va acompañada de transparencia, coherencia y asunción de responsabilidades”, afirma el docente de la Universidad Isabel I, a lo que añade que “el deterioro del servicio público no es una suma de incidencias aisladas, sino un fallo estructural en cadena”, sostiene.
Recuperar la confianza ciudadana exige, en su opinión, una Administración que ofrezca certidumbre, garantice la igualdad en el acceso a derechos y actúe con una ética de servicio real y exigible.