Grabación del podcast con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.
26 de mayo de 2026. La divulgadora y tecnóloga de alimentos Beatriz Robles, docente de la Universidad Isabel I, ha entrevistado al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, en el podcast A la guerra con una cuchara , que comparte con Laura Caorsi, en una edición especial realizada junto a Gominolas de Petróleo, del divulgador Miguel Ángel Lurueña, en un episodio centrado en el derecho a la alimentación, el impacto de la industria alimentaria y la futura regulación de la publicidad dirigida a menores.
El ministro defendió desde el inicio una concepción amplia de la política alimentaria y del papel del Estado al situar la alimentación como un derecho fundamental, recordando durante la conversación que “la alimentación es un derecho, de hecho es uno de los primeros derechos”, una idea que utilizó para enmarcar todo el debate posterior.
Bustinduy subrayó que las condiciones sociales y económicas influyen de forma determinante en la vida cotidiana y en los hábitos de consumo, al señalar que “en función del código postal en el que has nacido vas a tener una vida u otra”, en referencia a las desigualdades estructurales que atraviesan el acceso a una dieta saludable.
El titular de Consumo insistió en que la intervención pública no busca sustituir decisiones individuales, sino garantizar que estas se produzcan en un entorno más justo, recalcando que “no se trata de prohibirle nada a nadie, ni decirle a nadie lo que tiene que hacer”, sino de asegurar condiciones de igualdad real en la elección.
Futura legislación de alimentos insanos dirigida a la infancia
La entrevista dedicó buena parte del tiempo a la futura regulación de la publicidad de alimentos insanos dirigida a la infancia, un ámbito en el que el ministro describió la presión comercial como un fenómeno constante al advertir que existe “una invasión por tierra, mar y aire de nuestras decisiones por parte de una industria organizada”, en alusión al impacto de la publicidad en la vida cotidiana. Bustinduy vinculó esa situación con la necesidad de proteger a los menores y de reforzar su derecho a un desarrollo saludable, al afirmar que “los niños y las niñas deberían tener derecho a una infancia segura”, situando la infancia como uno de los principales ejes de la normativa.
La propuesta legislativa que impulsa el Ministerio de Consumo prevé prohibir la publicidad de productos que no cumplan los perfiles nutricionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud cuando se dirijan a público infantil, además de limitar el uso de recursos visuales o narrativos que los hagan especialmente atractivos para los menores. El ministro defendió que el objetivo de estas medidas es corregir un entorno profundamente condicionado por intereses comerciales y afirmó que “cada vez hay más conciencia y está cambiando mucho el debate”, en referencia a la evolución del consenso social sobre la alimentación saludable.
La alimentación, un derecho fundamental
Durante la conversación, Bustinduy defendió que la alimentación debe entenderse como un derecho fundamental y no únicamente como una cuestión de elecciones individuales, recordando que “la alimentación es un derecho, de hecho es uno de los primeros derechos”. El ministro insistió en que las desigualdades sociales condicionan profundamente la manera en la que comen las familias y llegó a afirmar que “en función del código postal en el que has nacido vas a tener una vida u otra”. El objetivo de esta ley no es limitar libertades individuales, ya que “no se trata de prohibirle nada a nadie, ni decirle a nadie lo que tiene que hacer”, sino corregir un entorno marcado por la presión comercial. En ese sentido, describió el contexto actual como “una invasión por tierra, mar y aire de nuestras decisiones por parte de una industria organizada”.
La futura norma incluirá advertencias nutricionales visibles en la publicidad de productos con altos contenidos en sal, grasas o azúcares. Bustinduy explicó que estos sellos serán obligatorios en anuncios y soportes publicitarios, aunque inicialmente serán voluntarios en los envases, y defendió que su función es “mejorar la información que tenemos a la hora de efectuar nuestras decisiones de compra”. El ministro comparó este sistema con las advertencias sanitarias presentes en medicamentos o cajetillas de tabaco y señaló que el debate parlamentario permitirá discutir posibles cambios en su aplicación.
Prohibiciones y publicidad
La regulación también pondrá el foco en las bebidas energéticas, cuya publicidad quedará prohibida para toda la población y cuya venta se limitará a menores de edad en función de la concentración de cafeína. Bustinduy defendió que existe una amplia demanda social para actuar en este ámbito y destacó que “el 91% de la población está de acuerdo con la prohibición de la venta de bebidas energéticas a niños y niñas”.
El ministro advirtió además del peso creciente de las redes sociales y los algoritmos en la exposición de los menores a este tipo de contenidos y sostuvo que “hacer una regulación de la publicidad que no incluya el mundo digital sería una regulación que nacería coja”. La futura ley, explicó, prohibirá la publicidad en todos aquellos soportes que no puedan garantizar mecanismos efectivos de verificación de edad.
La entrevista también abordó la regulación ya aprobada para los comedores escolares. Bustinduy defendió que la nueva normativa busca garantizar unos mínimos comunes en todos los centros educativos, públicos y privados, independientemente de la comunidad autónoma o del nivel económico de las familias. Según explicó, la norma asegura la presencia de fruta, verdura, legumbres y proteína de calidad, además de limitar ultraprocesados y bebidas azucaradas. El ministro criticó el modelo de externalización alimentaria implantado en muchos colegios y sostuvo que “el comedor también es un espacio de aprendizaje”, lamentando que en numerosos centros se haya convertido únicamente en “un espacio físico donde se come”. Frente a ello, defendió modelos vinculados a la producción local y a los comedores de proximidad, citando proyectos desarrollados en la Comunidad Valenciana y Canarias.
La regulación alimentaria en hospitales y residencias fue otro de los asuntos destacados. Bustinduy confirmó que el Ministerio trabaja ya en un real decreto para garantizar estándares mínimos en estos espacios y defendió que “la alimentación es una parte esencial de un proceso de recuperación”. El texto también regulará máquinas de vending y menús en residencias, un ámbito que calificó de “clamor social” tras las denuncias por mala calidad alimentaria en algunos centros.
Redefinir las cestas básicas
El ministro relacionó además alimentación y desigualdad económica al defender fórmulas como supermercados públicos o cestas básicas reguladas. Según afirmó, resulta necesario “garantizar que la gente trabajadora pueda tener acceso a una alimentación básica de calidad”, especialmente en un contexto marcado por el aumento del precio de los alimentos y la precariedad laboral.
Durante la entrevista también se abordaron prácticas como la reduflación, que Bustinduy calificó directamente como “una estafa”, así como la obsolescencia programada y el etiquetado de origen de los productos. El ministro aseguró que el Gobierno trabaja para reforzar la información al consumidor y lamentó las resistencias existentes a nivel europeo frente a algunas de estas medidas.
Pese a las dificultades políticas y empresariales, Bustinduy se mostró optimista respecto al futuro de la alimentación y aseguró que “cada vez hay más conciencia de que la alimentación es un derecho”. El ministro concluyó defendiendo la movilización social y la acción política como herramientas para transformar el sistema alimentario, asegurando que “la política también es esto: darte cuenta de que tu interés no es el mismo que el del dueño del supermercado”.