La ciberseguridad es clave para evitar los delitos cibernéticos.
9 de febrero de 2022. Eduardo Fernández García, profesor del Grado en Ciencias de la Seguridad de la Universidad Isabel I, acaba de publicar un artículo en la Revista Jurídica de Castilla y León titulado ‘Derecho de la Ciberseguridad de las infraestructuras críticas: más allá de la perspectiva penalista’. En su artículo analiza la proliferación de los ciberdelitos en los últimos años debido que la sociedad española está hiperconectada.
El docente de la Universidad Isabel I considera que el nuevo contexto de la hiperconectividad debe acomodarse al paradigma de la seguridad integral, especialmente en las empresas de Castilla y León, que cuentan con un notable número de infraestructuras críticas. Para el autor del artículo, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal para ajustarse a la adopción de medidas de ciberseguridad, “quizá no sea suficiente para el inmediato futuro, ante la multiplicidad de procedimientos técnicos de comisión de los ciberataques, dificultando los mecanismos de imputación de delitos”. En este sentido, el experto en derecho aboga por una perspectiva más interdisciplinar para acometer las reformas necesarias en atención a los servicios informáticos, basado en las reformas de lege ferenda (para la reforma futura de la ley), más que a la integridad física.
Delitos informáticos
Los principales delitos derivados de prácticas ilícitas podrían ser las apropiaciones indebidas y las estafas. Pero también, la intrusión informática, la interceptación de las transmisiones de datos o los delitos informáticos relacionados con la propiedad intelectual e industrial. Algunas estadísticas sitúan el incremento de los ciberdelitos en una tasa superior al 30% interanual durante el último lustro, con más de 13.100 procedimientos judiciales abiertos en el orden jurisdiccional penal relacionados con los delitos informáticos, y los 130.000 ciberincidentes reportados por Incibe y acreditados al balance de Ciberseguridad en 2020. Donde un 35,22% fueron por malware, el 32,02% por fraude y el 17,39% por vulneración de los sistemas.
El experto en Ciberseguridad añade que la sociedad ha adoptado una serie de mecanismos jurídicos, económicos y sociales complejos, que requieren de infraestructuras de gran porte, presupuesto y complejidad técnica que deben adoptarse en materia de seguridad informática a nivel europeo. Sin embargo, la creciente ampliación del ciberespacio hacia ámbitos sociales y jurídicos, antes extraños a él, ha multiplicado los riesgos y puesto en evidencia la vulnerabilidad de algunas infraestructuras críticas, que requieren de planificación y colaboración público-privada. En este sentido, el profesor Fernández García propone generar un conjunto de herramientas más ágiles para la persecución de los ciberataques contra las infraestructuras críticas, dado que sus impulsores no diferencian si infringen un precepto administrativo o penal.
Para el docente de la Universidad Isabel I es fundamental equiparar las intrusiones en el ciberespacio a los delitos del mundo físico ya que los ciberataques comprometen el funcionamiento de servicios esenciales, que incluye servicios públicos, como el ataque al Servicio Estatal Público de Empleo ocurrido el 9 de marzo de 2021 o el sufrido por el Ministerio de Trabajo el 9 de junio de 2021.