Ester Renedo en Coimbra

Ester Renedo durante su exposición.

18 de octubre de 2022. La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) a la Administración de Justicia es uno de los hitos del siglo XXI. Con ella se pretende agilizar los procesos judiciales para facilitar las resoluciones a los profesionales del derecho, como son jueces y fiscales. Para analizar estas y otras cuestiones, Ester Renedo, coordinadora de la Facultad de Criminología y docente de los Grados en Derecho, Ciencias de la Seguridad y Criminología de la Universidad Isabel I, ha participado en el VII Congreso Internacional de Dieritos Humanos organizado por la Universidad de Coimbra (Portugal).

Ester Renedo participó en el Simposio Telemático P21 titulado ‘Inteligência artificial na administração de justiça e seus impactos frente aos dieritos humanos’. La coordinadora de la Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I expuso la comunicación titulada ‘El uso de la IA en la Administración de Justicia aplicada al medioambiente’. Para la profesora Renedo, desde el punto de vista del derecho medioambiental no existe un criterio internacional unánime sino que cada uno de los Estados lo regula dentro de sus ordenamientos jurídicos internos. “Por ello, cuando surge un conflicto medioambiental que sobrepasa fronteras, gracias a la cooperación judicial internacional, se puede llegar a acuerdos sobre los delitos cometidos”, especifica.

Ester Renedo entregando bolsas de la universidad

Ester Renedo ofreciendo merchandising de la Universidad Isabel I en la bienvenida.

En su exposición la profesora Renedo indicó que las soluciones para mejorar la cooperación judicial internacional pasan por la creación de un derecho internacional medioambiental que modifique el actual Estatuto de la Corte Penal Internacional, para que el Tribunal de Justicia Internacional pueda asumir la competencia de medioambiente. “Esta medida se ha adoptado ya con otro tipo de delitos como son el genocidio o los delitos de lesa humanidad”, recalcó la docente. En la misma línea, Ester Renedo indica que la aplicación de la Inteligencia Artificial a la Administración de Justicia se podrá utilizar no solo para analizar y detectar estos delitos penales sino para agilizar los procesos judiciales.

¿Puede un algoritmo decidir una resolución judicial?

La docente indica que la aplicación de la IA a la Administración de Justicia se encuentra condicionada por el problema ético de si se puede dejar que un algoritmo decida sobre el sentido de una resolución. El dilema que deriva de la aplicación de estas tecnologías a las resoluciones judiciales y se encuentra vinculado con el funcionamiento de los sistemas de caja negra (deep learning). Este concepto se enmarca en el término machine learning, que es un tipo de IA que “entrena” a la máquina con el objetivo de reconocer patrones basados en datos y –a partir de ellos– efectuar predicciones. “En el deep learning, como subconjunto del machine learning, el algoritmo es capaz de razonar y sacar sus propias conclusiones, con un aprendizaje automático. El principal problema de esta variante es que arroja una decisión sin que conozcamos el proceso que ha conducido a ella, es decir, desconocemos la lógica de la argumentación”, apunta.

Ester Renedo en la conferencia

Ester Renedo en su ponencia.

“Una alternativa a la implementación de estos sistemas es la que se articula sobre otra variante de machine learning, que denominamos árboles de decisión. Estos nos permiten realizar un seguimiento de los datos introducidos para conocer la lógica de su funcionamiento y el porqué de la decisión”, apostilla la profesora de la Universidad Isabel I.

Dentro de la Administración de Justicia este tipo de tecnología es interesante para la toma de decisiones menores, de tal manera que reduzcan la carga de trabajo de los profesionales de la Justicia y faciliten su gestión documental. El análisis desarrollado por la profesora Renedo se concreta en la implementación estos sistemas de IA para determinar la competencia jurisdiccional de un proceso. “Así, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un supuesto de expropiación forzosa motivado por el hallazgo de una especie vegetal protegida –como el acebo, que es sensible a la alteración de su hábitat– en la finca en cuestión, ¿Cuál sería la jurisdicción competente? o incluso, ¿Sería un problema de jurisdicción o sería competente la Administración Pública? Esto lo podrá determinar la IA de una forma eficiente”, concluye la docente.