El profesor de la Universidad Isabel I, Fernando Pinto Palacios.
28 de septiembre de 2026. Una orden de alejamiento quebrantada a través de un mensaje, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento o la creación de deepfakes sexuales son algunas de las formas que puede adoptar la violencia contra las mujeres en el entorno digital. Fernando Pinto Palacios, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Isabel I, analiza en el capítulo titulado ‘La tutela penal frente a la ciberviolencia de género’, la respuesta del Derecho penal ante estas conductas. Esta publicación forma parte de la obra colectiva Violencia sobre las mujeres. Derecho, proceso y protección, que acaba de publicar Sepín Editorial Jurídica.
El profesor Pinto, magistrado, doctor en Derecho y letrado del Gabinete Técnico de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, estudia cómo la tecnología ha abierto nuevas vías para ejercer conductas de acoso, control o difusión de contenidos y examina los instrumentos jurídicos disponibles para hacerles frente.
Del ciberacoso a los deepfakes sexuales
“Las manifestaciones de ciberviolencia de género son muy variadas y evidencian que el entorno digital no es un espacio neutro, sino un ámbito en el que también se reproducen relaciones de poder y patrones discriminatorios basados en el género”, afirma Pinto.
A partir de ahí, Fernando Pinto estudia diferentes conductas, diserta sobre el bien jurídico que se pretende tutelar y los elementos que deben concurrir para determinar su relevancia penal.
El profesor estudia el ciberacoso que consiste en conductas de hostigamiento utilizando redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros medios digitales. El artículo analiza también el delito de la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento y los problemas que plantea su circulación a través de Internet.
Otro de los apartados está dedicado al quebrantamiento de condena y de medidas cautelares en los entornos digitales. La tecnología introduce nuevas formas de contacto que obligan a examinar situaciones como las comunicaciones realizadas mediante mensajería instantánea o redes sociales cuando existe una prohibición judicial.
El análisis incorpora un estudio detenido de la jurisprudencia, pues resulta fundamental conocer los criterios establecidos por el Tribunal Supremo para interpretar estas nuevas infracciones penales.
La inteligencia artificial abre nuevos interrogantes
Los deepfakes sexuales ocupan un apartado específico de la publicación. En efecto, la inteligencia artificial puede generar o manipular imágenes y vídeos y, por tanto, crear contenidos sexuales falsos en los que una persona puede aparecer representada sin haber participado nunca en ellos. Pinto examina la respuesta europea ante este fenómeno y las propuestas para su tratamiento penal en España, planteando cómo los deepfakes sexuales generan problemas relacionados con la intimidad, la propia imagen y la dignidad, además de abrir el debate sobre la capacidad de la legislación vigente para responder con eficacia frente a los usos abusivos de ciertas tecnologías.
El estudio se completa con el análisis de los delitos de odio en entornos digitales y la suplantación de identidad.
Una mirada jurídica desde diferentes ámbitos profesionales
El capítulo de Fernando Pinto forma parte de una obra de veinte estudios que aborda la violencia contra las mujeres desde perspectivas jurídicas, procesales y de protección de las víctimas.
Violencia sobre las mujeres. Derecho, proceso y protección está dirigida por Julián Sánchez Melgar, magistrado del Tribunal Supremo y doctor en Derecho, y María Concepción Rayón Ballesteros, profesora de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Derecho, abogada y mediadora.
Entre quienes participan en la publicación se encuentran también Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo; Jacobo Barja de Quiroga, magistrado y presidente de la Sala Quinta del Tribunal Supremo; y Sonia Calaza López, catedrática de Derecho Procesal y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
A ellos se suman María Teresa del Caso Jiménez y María Luisa Silva Castaño, magistradas y letradas del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo; Ana María Galdeano Santamaría, fiscal de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid; y magistrados especializados en violencia sobre la mujer, profesionales de la abogacía, mediación y psicología clínica.
Sus capítulos recorren cuestiones como la prevención y protección de las víctimas, la investigación y valoración de la prueba, la violencia sexual y vicaria, las medidas cautelares, el proceso penal, la perspectiva de género o la protección de los menores.