La bandera europea con las 12 estrellas y los países que la forman en su interior.
18 de julio de 2022. El último número de la Revista Jurídica Valenciana recoge el artículo de Virginia Saldaña, profesora de Derecho de la Unión Europea y Derecho Internacional de la Universidad Isabel I, titulado ‘El incumplimiento del derecho de la Unión Europea y la activación del Principio de Responsabilidad Patrimonial: especial mención al caso español’. Este artículo se basa en un proyecto de investigación que evalúa el incumplimiento del Derecho Comunitario en esta materia desde el punto de vista teórico, aportando sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en las últimas décadas.
La profesora Saldaña aborda en su trabajo de investigación cómo se ha producido una continuada inactividad por parte de los Estados miembros de la Unión Europea al aplicar las Directivas comunitarias. Las Directivas comunitarias son actos legislativos que marcan las pautas a seguir por los Estados para la consecución de los objetivos marcados por los Tratados. El principio de la supranacionalidad es la base para que los Estados cedan sus competencias soberanas y acaten las decisiones del TJUE, cuando se produzca un conflicto de intereses. “La imposibilidad de aplicación directa horizontal de las directivas comunitarias origina una nebulosa difícilmente comprensible, a medida que adquieren mayor importancia práctica para el desarrollo del derecho derivado, lo que hace insostenible la situación y genera un intenso y descontrolado debate doctrinal”, explica la docente.
Ante esta dificultad, el TJUE resuelve innumerables cuestiones apelando al principio de responsabilidad patrimonial de los Estados por el incumplimiento del Derecho comunitario. Se basa en la reparación de daños causados a particulares por parte de los Estados, sobre el ilícito reprochable a sus órganos a través de un montante económico. De esta manera, “el individuo nunca se verá desprotegido por la ineptitud del Estado infractor en la transposición del Derecho comunitario”, subraya Virginia Saldaña.
El trabajo desarrollado por le TJUE en materia de responsabilidad patrimonial es uno de los más importantes hasta la fecha, teniendo que dirimir en cuestiones relacionadas con “la cuantía, la retroactividad, la responsabilidad de los actos dictados en última instancia y la revisión de sentencias”, argumenta.
El artículo hace referencia, en concreto, a los elementos estudiados desde la perspectiva del Estado español, analizando las principales debilidades, problemáticas de su Ordenamiento Jurídico o la consecución de los fines establecidos por los distintos gobiernos, así como la protección del individuo. En España, es el poder ejecutivo quien define el cumplimiento de la normativa europea, debatiéndose la posibilidad de adopción de esta fórmula en el artículo 82 de la Constitución Española relativa a los Reales Decretos Legislativos. En este artículo se faculta al Gobierno, por delegación de las Cortes Generales en asuntos relativos al Derecho Comunitario, legislar normas con rango de Ley siempre que se respeten los principios de delegación.