Actualización de la ciberseguridad nacional

La ciberseguridad es esencial en el entorno online.

Serie: 'Criminología en serie' (XVIII)

Con una cierta anticipación sobre el plazo inicialmente previsto, el 28 de diciembre pasado se ha aprobado la nueva Estrategia de Seguridad Nacional española. A continuación, debe adaptarse a ella la Estrategia de Ciberseguridad Nacional vigente, de 2019. La Criminología, parte del Derecho Constitucional, Penal y Administrativo y la Ciencia de la Seguridad mantienen una profunda relación funcional con la seguridad nacional.

En cada Estrategia de Seguridad Nacional de todos los Estados se produce una actualización de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que cada país presenta, teniendo en cuenta que cada vez son mayores por la exposición que suponen para las sociedades abiertas como la española, tanto la relación con personas provenientes de todo el mundo en virtud de la globalización, como la hiperconectividad actual en la que todos estamos permanentemente conectados por muchos dispositivos móviles.

La anterior Estrategia Nacional de 2017 contemplaba la eventualidad de una afección notable de la sociedad española por la producción de pandemias. La realidad ha venido a desbordar ampliamente la previsión de la estrategia, generando, de paso, el temor sobre cómo se contemplan otros riesgos en la teoría y la profunda distancia que pudiera haber respecto a cómo se gestionarían de producirse en la práctica. Nos queda esperar que si se produce un ciberataque masivo que ponga en riesgo los derechos constitucionales de los españoles y el normal desarrollo de la convivencia ciudadana, la respuesta pudiera ser más pronta, más enérgica y más eficaz que frente a los hipotéticos riesgos de una pandemia, que cuando se contempló en teoría, se recogió bajo el supuesto de no producción práctica.

Incluso durante el tiempo de la pandemia se han intensificado los ciberataques en España, tanto a particulares y empresas como a las administraciones públicas, incluyendo entre todos ellos a los operadores de servicios esenciales e infraestructuras críticas, es decir, aquellos sin cuyo normal funcionamiento nuestra sociedad se detendría.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad, estatal y público, ha reportado más de ciento treinta mil ataques e incidentes en el ciberespacio, entre los cuales se cuentan 1190 a operadores críticos, cuyo cese de actividad no podría ser suplido inmediatamente. Pensemos, entre otros, en la distribución de agua en nuestras casas, los servicios hospitalarios, los servicios bancarios, la distribución de energía eléctrica o el funcionamiento del sector público de los organismos policiales y las Fuerzas Armadas. Esa cifra supone más de tres ciberataques diarios a infraestructuras esenciales. Si tenemos en cuenta el reducido número de procedimientos judiciales abiertos por estos ciberataques, y lo que es aún más significativo, el número de condenas efectivas por ciberdelitos contra la seguridad, hallaremos la enorme desproporción y la laguna de seguridad existente en nuestra sociedad, dado que estos procedimientos judiciales no llegan al 10% de la cifra de ciberataques.

Algunos de los docentes de la Facultad de Criminología de la Universidad Isabel I hemos tenido una amplia experiencia en la gestión, e incluso en la dirección de la seguridad y la protección de la sociedad española. Creo que expresaremos unánimemente la conveniencia de que la Estrategia de Ciberseguridad Nacional que debe reformarse a lo largo de este año 2022 recoja eficazmente los medios disponibles para la defensa de la sociedad española y acierte con el tratamiento de las amenazas que se ciernen sobre ella en el ciberespacio.

Contemplar que muchos de los ciberataques tienen origen en zonas del planeta muy alejadas de Europa debe llevar a reformular los viejos tipos penales, obsoletos para los medios de comisión telemática de los delitos, tanto como los mecanismos procesales de imputación para los ilícitos cometidos fuera del territorio nacional, demandando una enérgica acción conjunta de la Unión Europea en defensa de una ciudadanía europea, inerte ante la impunidad prestada en algunos países para las actividades delictivas en la red.

No es esta una obligación ni una preocupación que puedan ser afrontadas correctamente desde la óptica nacional. La Criminología está llamada como ciencia a aportar una perspectiva interdisciplinar para solventar algunas de esas deficiencias y parcialidades en la investigación de los delitos en el ciberespacio, puesto que puede contemplar con mayor libertad y realismo las facetas tecnológica, jurídica, policial, social y hasta cultural que están involucradas en esta necesidad de protección. Solamente quitando barreras que crean compartimentos estancos puede afrontarse un problema tan complejo y global como el de la ciberseguridad nacional en tiempos de hiperconectividad.

ISSN 2697-1984

Editor: Universidad Isabel I

Burgos, España