Fachada del Congreso de los Diputado en MadridEl cuadragésimo aniversario de la Constitución Española viene marcado en los últimos años por los ecos de una necesaria reforma. Superado el mito de que la Constitución es irreformable, en tanto en cuanto, ha sido modificada en dos ocasiones, se plantea el reto de emprender una mejora del texto constitucional. Esta tarea debe llevarse a cabo en un contexto de consenso y con los apoyos y la voluntad suficiente para que esta sea sólida, responda a las necesidades de todos los españoles y no se sustente en aspectos coyunturales.

Asimismo, el año 2017 ha marcado un hito en nuestra historia constitucional con la activación plena del mecanismo previsto en su artículo 155 CE para dar respuesta constitucional a los retos separatistas. Su ámbito de actuación es el de la relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y plantea un último y no querido escenario de conflicto en un Estado compuesto: aquel, en que una Comunidad Autónoma incumpla gravemente las obligaciones constitucionales y legales o bien atente gravemente contra el interés general de España.

Entre los aspectos que serían reformables, el impacto del mundo digital en los derechos fundamentales nos conduce a plantear una reflexión sobre la conveniente incorporación de los «ciberderechos» o «derechos digitales» en nuestra Carta Magna.  La publicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales el mismo día en que la Constitución celebra su 40 cumpleaños es decisivo para entender la norma como un timón que guíe el desarrollo de la tecnología y la economía digital en nuestro país.

A todo ello, cabría sumar las ya clásicas referencias a la reforma del Estado de las autonomías y el sistema electoral. A este respecto, parece oportuno señalar que, al haberse concluido el proceso de la construcción del Estado autonómico, los preceptos que consagran la iniciativa y aprobación de los Estatutos de Autonomía ya han agotado sus efectos, siendo, por tanto, verdaderas normas de derecho transitorio. Sobre este particular, cabe sostener la conveniencia de introducir en el texto constitucional la configuración de las Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas para fijar el mapa autonómico de manera definitiva, es decir, la constitucionalización de los nombres de las Comunidades Autónomas, que implicaría, asimismo, la derogación de los preceptos constitucionales que tienen una naturaleza transitoria.

En toda propuesta de reforma del sistema electoral se plantea la dialéctica representatividad versus gobernabilidad. En un panorama de crisis de la representación es conveniente inclinar la balanza en favor de la representatividad que conduzca a un incremento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas. Atendiendo al hecho de que la circunscripción electoral es el principal lastre para garantizar la proporcionalidad y la igualdad del sufragio, la propuesta más aceptable sería  lege ferenda y supondría la reforma del artículo 68.2 de la Constitución para modificar el tamaño de la circunscripción en el sentido de ampliarla. Es la opción más viable para terminar con las distorsiones de la igualdad de voto ocasionadas por el pequeño tamaño de la circunscripción.

Asimismo, no podemos obviar hacer referencia a la regulación de la iniciativa legislativa popular con el fin de instar a permitir la iniciativa popular para la reforma constitucional.

A fin de llevar a cabo estas propuestas es preciso abogar por una necesaria potenciación de la cultura de participación. En este sentido, se postula la necesidad de reforzar e impulsar la instrucción de los ciudadanos a través de la educación política bajo el prisma de que la Constitución es irrenunciable desde cualquier senda que se habilite.

Entrada publicada el 11/12/2018

Editor: Universidad Isabel I

Burgos, España

ISSN: 2603-9087

Comentarios

Buenas a todos.
Sin duda, una nueva entrada en el blog con un tema tan actual como es la necesario o no reforma de nuestra CE tras 40 años de vigencia.
Gracias, M. Nieves, por compartir estas ideas, yo me quedo con esta parte que como juristas y ciudadanos, nos invitan a la reflexión: "el año 2017 ha marcado un hito en nuestra historia constitucional con la activación plena del mecanismo previsto en su artículo 155 CE para dar respuesta constitucional a los retos separatistas".
Muchas gracias,

Felicito a la Profa. Dra. Alonso por su magnífica reflexión en torno a una eventual reforma constitucional y su conexión con la era digital en la que estamos inmersos.
Ciertamente es plenamente factible pensar si resulta necesario «retocar» ciertos preceptos al hilo de recientes acontecimientos surgidos en nuestro país. Es por ello que, animo a Constitucionalistas y Polítologos con sólida base jurídica (y no a personas con poco conocimiento formativo al respecto, llámense "vende humos..") a recapacitar sobre la necesaria revisión del texto constitucional.
Reitero mi más sincera enhorabuena a la autora, la Dra. Alonso.

Mi más sincera enhorabuena a la Profesora Alonso García por estas magníficas reflexiones sobre un tema de tanta actualidad y no exento de polémica como es la reforma de la Constitución Española. Creo que ha condensado de manera clara y sencilla todas las cuestiones que están en el debate público sobre el texto constitucional y además lo hace de una manera amena y didáctica, poniendo el acento en aquellos aspectos más actuales, justo cuando se conmemoran 40 años de la aprobación en referéndum del texto. Animo a la Profesora Alonso a continuar tratando aspectos de actualidad en las entradas de este blog que sin duda servirán para hacer reflexionar a los lectores sobre temas de tanta trascendencia.

Buenas tardes:
Me gustaría felicitar a María Nieves por su excelente aporte doctrinal en un tema tan polémico como es, en los tiempos que corren, la reforma de nuestra Carta Magna.
Me ha parecido una reflexión totalmente acertada su apunte en lo que respecta al “impacto del mundo digital en los derechos fundamentales”. Considero que en un entorno económico-social interconectado donde las transferencias de información personal automatizadas son ya inherentes a un mercado uniforme, la protección y actualización constitucional de los ciudadanos debe ser indispensable. En esta línea, tal y como afirma el Tribunal Constitucional en la sentencia 292/2000 de 30 de noviembre de 2000 “El hecho de que se hable de datos de carácter personal no significa que sólo se protejan los relativos a la vida privada o íntima de la persona. Se deben proteger todos aquellos datos que identifiquen o permitan identificar la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otro índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo y cualquier tipo de dato personal, sea o no íntimo, cuyo conocimiento o empleo por terceros pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales, porque su objeto no es sólo la intimidad individual, que para ello está la protección que el artículo 18.1 de la Constitución Española otorga, sino los datos de carácter personal”.

Mi más sincera enhorabuena por tu reflexión y por tu trabajo Dra. Alonso, sin duda esta perspectiva que abordas es de la más alta transcendencia dado los recientes acontecimientos que vive nuestro país.

En mi primer lugar, mi enhorabuena. El análisis no puede ser más claro y toca demás de vital actualidad.

Si bien es cierto, sigo viendo muy difícil un cambio de sistema electoral, mejor dicho, imposible. Esto debido a la fragmentación parlamentaria, y jugando ahora mismo con las encuestas no es viable... básicamente porque cada partido va a intentar sacar rédito y ante un escenario tan incierto es complicado que tengan alguna preferencia por alguna fórmula electoral, cambio de circunscripción o incluso el tamaño de las Cortes.

Fundamental adaptar los "ciberderechos". El mundo evoluciona y nuestra ley de leyes tiene que ir de su mano.

En cuanto al modelo autonómico, es necesario acabar con artículos sin aplicación, como bien define, son "normas de derecho transitorio" que sobran ya en la carta magna mientras que urge hacer una delimitación del propio modelo más clara. El resto de cambios son más bien improbables. Con un PP y Ciudadanos que abogan por mantener el actual modelo, con un PSOE que defiende un modelo federal incierto que no se ajusta al que presentó en su programa electoral Unidos Podemos (socios en muchas votaciones), con unos nacionalismos cada vez más tajantes en sus pretensiones de independencia unilateral y con VOX que aboga por suprimir las autonomías... imposible alcanzar una mayoría para su reforma.

Me gustaría leer un análisis sobre la reforma que creo que puede ser más factible. La de dotar a España de una verdadera cámara de representación territorial . Aunque la CE defina en el art. 69.1 al Senado como tal, está muy lejos de funcionar de esta forma, partiendo de la base de que su composición depende en mayor medida de la elección por provincias que por las propias CCAA, las cuales designan un senador y otro más por cada millón de habitantes. Sin duda, se trata del mayor consenso entre los programas de los partidos en las pasadas elecciones. De hecho, las propuestas de PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida abogan por establecer una verdadera cámara que represente los intereses territoriales pero lo cierto es que no han movido un dedo en estos años.

Me gustaría conocer su opinión en otra entrada.

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