Universitario en la biblioteca.
29 de marzo de 2023. El profesor Alberto Benítez-Amado, Director del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Isabel I, acaba de publicar un artículo titulado ‘LOSU: una reforma universitaria que no ilusiona’ en el blog Studia XXI, un influyente espacio de debate y análisis sobre la universidad, promovido por la Fundación Europea Sociedad y Educación. La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU 2/2023) entró en vigor el pasado 23 de marzo, tras su aprobación en el Congreso de los Diputados y ha requerido para su aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara, tal y como se señala en el artículo 81.2 de la Constitución Española, aunque ninguna de las reformas universitarias españolas ha recibido el apoyo unánime del Parlamento.
La nueva legislación universitaria obtuvo el respaldo de 182 votos (PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y PDEC), 157 diputados votaron en contra (PP, Vox y Ciudadanos) y hubo 8 abstenciones (Grupo Parlamentario Plural y EH-Bildu).
El docente analiza el proceso de elaboración de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) desde el primer borrador de anteproyecto de la Ley hasta las modificaciones que se han ido incorporando hasta mayo de 2022, con unos cambios que han ido de la mano de las distintas propuestas de política universitaria. La LOSU 2/2023 sustituye al ordenamiento jurídico universitario vigente desde 2001 (LOU 6/2001 y LOMLOU 4/2007).
Críticas de la oposición a la LOSU
Alberto Benítez-Amado, cuyas líneas de investigación se centran en las organizaciones universitarias y las políticas de educación superior, destaca el debate parlamentario durante el proceso de aprobación de la LOSU que “hace visible las distintas posiciones que mantienen los partidos políticos respecto al modelo de universidad que cada uno defiende”. Algunas de las principales críticas vertidas por los partidos de la oposición se han orientado hacia la propia Ley, indicando que no ofrece “una respuesta válida a los grandes problemas de los que adolece la universidad española, impidiendo su avance y transformación hacia un sector innovador y vanguardista, más ágil y eficiente”. Otras voces han orientado su descontento hacia la sostenibilidad financiera o la necesaria búsqueda de recursos adicionales a los públicos. Y en la misma línea, algunos partidos han argumentado su crítica señalando que esta normativa no mejora la conexión entre la universidad y el tejido empresarial y/o la sociedad.
Para la oposición parlamentaria la nueva norma tampoco resuelve la precariedad del profesorado, generando incluso inseguridad “entre quienes esperaban la promoción en cualquier etapa académica”. Y otro de los puntos más destacados en la crítica política se ha centrado en el modelo de gobernanza, una cuestión que ha sido “el eterno problema sin resolver”, señala.
Valoraciones positivas a la Ley
Los grupos de orientación ideológica más progresista que han apoyado la aprobación de la LOSU destacaron los avances conseguidos en materia de política personal: la eliminación de la tasa de reposición y la mejora de las condiciones laborales del Personal Docente e Investigador (PDI) con los procesos de estabilización y de reconocimiento, el estatuto del PDI o las modalidades de contratación del profesorado asociado, entre otros. En esta línea resaltan el avance conseguido en la equiparación de los derechos y deberes de los profesores laborales con los funcionarios.
Los diputados de los partidos políticos que sustentan el actual Gobierno calificaron la reforma universitaria como “una apuesta decidida por la universidad pública, por la calidad y por la excelencia, y que la hace más democrática y más accesible”, al incidir en algunos aspectos de la LOSU dirigidos al incremento sustancial de financiación de becas para estudiantes procedentes de familias con menos recursos, la fijación de un techo límite a los precios públicos de las matrículas de títulos oficiales o la introducción de mejoras sustanciales de los derechos laborales del profesorado contratado temporal.
¿Promueve la LOSU una fragmentación y diferenciación interregional del Sistema Universitario Español?
No obstante, otro aspecto que ha generado controversias es que el nuevo marco regulatorio podría abrir la puerta a una diferenciación entre universidades de distintas regiones, lo que podría generar 17 sistemas regionales de educación superior diferenciados y heterogéneos.
Pero sin duda alguna, el elemento de mayor discusión es el relativo al incremento de un mínimo de un 1% del PIB en el presupuesto de gasto público dedicado a educación superior. Algunos presidentes regionales, como el de Castilla la Mancha, y varios consejeros de universidades de comunidades autónomas han anunciado su intención de recurrir al Tribunal Constitucional la nueva ley universitaria. “El principal argumento es el relativo a la sostenibilidad financiera del nuevo marco regulatorio, el cual incrementa sustancialmente el presupuesto de las universidades públicas sin dotar para ello de una partida presupuestaria determinada, y considerando que son las comunidades autónomas quienes poseen la competencia en materia universitaria y las que deben financiar principalmente dichos gastos”, argumenta el profesor Benítez-Amado.
Conclusión
“Del análisis realizado puede concluirse que la LOSU 2/2023 no parece contentar a nadie y posiblemente estemos ante una oportunidad perdida para regular mejor el funcionamiento de las universidades en España”, concluye Alberto Benítez-Amado.