Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas - Mar, 24/02/2026 - 10:00
La DSA ha sido impulsada para crear un espacio online más seguro
La transformación digital ha cambiado profundamente la forma en la que nos informamos, compramos, trabajamos y nos relacionamos. Plataformas digitales, redes sociales, marketplaces y motores de búsqueda forman parte de nuestra vida diaria. Sin embargo, este crecimiento acelerado también ha traído nuevos problemas asociados: desinformación, contenidos ilegales, publicidad opaca, riesgos para los menores y falta de transparencia en los algoritmos.
En este contexto nace la Ley de Servicios Digitales, conocida como DSA (Digital Services Act), una de las normas más ambiciosas impulsadas por la Unión Europea para regular el entorno digital. Su objetivo es claro: crear un espacio online más seguro, transparente y responsable, donde los derechos de los usuarios estén protegidos y las empresas digitales operen bajo reglas comunes.
¿Qué es la Ley de Servicios Digitales (DSA)?
La ley de servicios digitales (DSA) es un reglamento europeo que establece un marco legal común para los servicios digitales intermediarios que operan en la Unión Europea. Su finalidad es actualizar la Directiva de Comercio Electrónico de 2000, adaptándola a la realidad actual del entorno digital.
A diferencia de otras normativas nacionales, la DSA es un reglamento de aplicación directa en todos los Estados miembros, lo que garantiza una aplicación homogénea en toda la Unión Europea, sin necesidad de realizar transposiciones a leyes nacionales.
En la práctica, la DSA regula cómo deben actuar las plataformas digitales cuando alojan contenidos de terceros, muestran publicidad, recomiendan información mediante algoritmos o gestionan la retirada de contenidos ilegales. Su enfoque no es prohibir, sino establecer responsabilidades claras y proporcionales según el tamaño y el impacto de cada servicio.
La ley de servicios digitales de la Unión Europea responde a una necesidad evidente: actualizar las normas del mercado digital para adaptarlas a la realidad tecnológica actual, muy distinta a la existente cuando se aprobaron las primeras directivas sobre comercio electrónico.
Objetivos principales de la normativa de la Unión Europea
La ley de servicios digitales de la Unión Europea se articula en torno a varios objetivos clave:
- Aumentar la seguridad online, combatiendo la difusión de contenidos ilegales como el discurso de odio, la desinformación o la venta de productos ilícitos.
- Reforzar la transparencia, especialmente en lo relativo al funcionamiento de los algoritmos y la publicidad digital.
- Proteger los derechos fundamentales de los usuarios, incluyendo la libertad de expresión y la protección de los menores.
- Establecer responsabilidades claras para los intermediarios digitales, en función de su tamaño y papel en el ecosistema digital.
- Reducir los riesgos sistémicos asociados a las grandes plataformas digitales.
En este sentido, el crecimiento de los medios digitales y su capacidad para amplificar contenidos, moldear narrativas y condicionar comportamientos ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer reglas claras que garanticen un uso responsable de la tecnología.
Diferencias entre la DSA y la Ley de Mercados Digitales (DMA)
Aunque suelen mencionarse juntas, la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA) tienen finalidades distintas y complementarias:
- La DSA se centra en los contenidos, la seguridad y la responsabilidad de las plataformas en el entorno digital.
- La DMA regula la competencia económica y las prácticas anticompetitivas de las grandes plataformas consideradas “guardianes de acceso” (gatekeepers).
Dicho de forma sencilla:
- La DSA protege a los usuarios y el entorno digital.
- La DMA protege la competencia y el mercado.
Mientras que la DMA busca evitar abusos de posición dominante, la DSA pone el foco en cómo se gestionan los contenidos, la publicidad y los riesgos asociados a la actividad digital. Ambas normas se complementan para crear un ecosistema digital más justo y equilibrado.
Entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales en España
Uno de los aspectos más consultados por las empresas y los profesionales es conocer la entrada en vigor de la ley de servicios digitales entrada en vigor, especialmente en el contexto español.
La DSA fue aprobada en 2022 y su aplicación ha sido progresiva. Desde 2023 comenzaron a aplicarse obligaciones específicas para las plataformas de mayor tamaño, mientras que el resto de los servicios digitales han tenido un periodo de adaptación.
Cronología de implementación total
- 16 de noviembre de 2022: Entrada en vigor formal del reglamento en la Unión Europea.
- Agosto de 2023: Aplicación obligatoria para las plataformas y motores de búsqueda de muy gran tamaño (VLOPs y VLOSEs).
- 17 de febrero de 2024: Aplicación plena de la ley de servicios digitales en España y en el resto de la UE para todos los servicios afectados.
Desde este momento, cualquier empresa digital que opere en el territorio europeo debe cumplir con las exigencias establecidas por la normativa, independientemente de dónde tenga su sede.
A quién afecta: clasificación de servicios intermediarios
La ley de servicios digitales (DSA) establece una clasificación clara de los servicios intermediarios, aplicando obligaciones proporcionales en función del tipo de servicio y su impacto social.
Plataformas y motores de búsqueda de gran tamaño (VLOPs)
La ley de servicios digitales no afecta a todas las empresas por igual. Introduce una clasificación de servicios intermediarios, con obligaciones proporcionales al tamaño, alcance e impacto del servicio.
Las Very Large Online Platforms (VLOPs) y los Very Large Online Search Engines (VLOSEs) son aquellas que superan los 45 millones de usuarios activos mensuales en la UE.
Estas plataformas están sujetas a las obligaciones más estrictas, entre ellas:
- Evaluaciones anuales y mitigación de riesgos sistémicos.
- Auditorías independientes.
- Mayor transparencia algorítmica.
- Medidas reforzadas contra la desinformación y los contenidos dañinos.
Servicios de alojamiento y plataformas en línea
También se ven afectados:
- Proveedores de hosting.
- Marketplaces.
- Redes sociales de menor tamaño.
- Servicios de intermediación digital.
Aunque sus obligaciones son menos exigentes que las de las VLOPs, todos deben cumplir con los principios básicos de diligencia, transparencia y protección del usuario, así como de cooperación con las autoridades.
Nuevas obligaciones y responsabilidades para las empresas
Uno de los pilares de la ley de servicios digitales es la introducción de nuevas obligaciones claras para las empresas que operan en el entorno digital europeo.
Transparencia en algoritmos y publicidad
Las plataformas deberán informar de manera clara sobre:
- Los criterios de funcionamiento de sus sistemas de recomendación.
- La razón por la que un usuario ve determinado contenido o anuncio.
- La identidad del anunciante y los parámetros utilizados para la segmentación.
Esto supone un avance importante en la lucha contra la publicidad engañosa y la manipulación de la información.
Además, se prohíbe expresamente la publicidad dirigida basada en datos sensibles y se refuerza la protección de los menores frente a la publicidad personalizada.
En este apartado resulta especialmente pertinente al hablar de la influencia de los medios digitales como referencia formativa para comprender y aplicar correctamente este nuevo marco legal en entornos profesionales y empresariales.
Moderación de contenidos ilegales y protección al usuario
Entre las obligaciones más relevantes destacan:
- Sistemas eficaces para la notificación y retirada de contenidos ilegales.
- Procedimientos de reclamación accesibles para los usuarios.
- Salvaguardas para evitar la retirada arbitraria de contenidos lícitos.
- Cooperación con autoridades nacionales y europeas.
Además, se refuerza la protección del menor, limitando la publicidad dirigida y exigiendo medidas adicionales de seguridad.
Régimen sancionador: Multas por incumplimiento de la DSA
El incumplimiento de la ley de servicios digitales puede acarrear sanciones muy significativas. Las multas pueden alcanzar hasta el 6 % del volumen de negocio anual global de la empresa infractora.
Las sanciones económicas contemplan en la normativa:
- Obligaciones de corrección.
- Supervisión reforzada.
- Medidas excepcionales en casos graves y reiterados.
Por ello, conocer y aplicar correctamente la DSA no es solo una cuestión legal, sino también estratégica para cualquier empresa digital.
El nuevo escenario regulatorio en el ámbito digital exige profesionales capaces de interpretar, aplicar y supervisar el cumplimiento de normativas en constante evolución. Temas como la moderación de contenidos, la transparencia algorítmica, la publicidad digital responsable o la protección de colectivos vulnerables requieren conocimientos jurídicos especializados que van más allá del derecho tradicional.
Frente a esta complejidad, la formación especializada como un Máster en Derecho Digital se presenta como una herramienta esencial para abogados, asesores legales, responsables de compliance y profesionales del sector tecnológico, proporcionándoles los conocimientos necesarios para abordar los desafíos legales del entorno digital.