Detención de banda criminal en El Salvador. Fuente: Marvin Recinos de la agencia APF.
12 de febrero de 2026. Durante décadas, El Salvador fue sinónimo de violencia estructural, control territorial de las pandillas y ausencia efectiva del Estado en amplias zonas del país. Extorsiones sistemáticas, homicidios constantes y comunidades enteras sometidas al miedo marcaron la vida cotidiana de una población que veía cómo organizaciones como la Mara Salvatrucha (MS-13) o el Barrio 18 imponían su propia ley. En ese escenario de hartazgo social y fracaso de las políticas tradicionales de seguridad llegó al poder Nayib Bukele en 2019, prometiendo un giro radical en la lucha contra el crimen organizado.
Ese giro, tan contundente como polémico, es el objeto de análisis del artículo “Análisis criminológico de la política criminal en El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele”, publicado en el número 7 (2026) de Cuadernos de RES PUBLICA en Derecho y Criminología. El estudio está firmado por los doctores Víctor Rodríguez González, director del Grado en Ciencias de la Seguridad de la Universidad Isabel I, y Claudio Payá Santos, profesor del Máster en Seguridad, Defensa y Liderazgo. El artículo ofrece una mirada académica que combina rigor científico y voluntad divulgativa para entender uno de los modelos de seguridad más debatidos del contexto internacional actual.
Contextualización histórica y criminológica
Desde el inicio, los autores sitúan el fenómeno en una perspectiva histórica y criminológica amplia. “El Salvador no puede entenderse sin la violencia estructural que ha condicionado durante décadas la vida de sus ciudadanos”, explican en su investigación, subrayando que las pandillas no actuaron únicamente como grupos delictivos, sino como actores de control social, capaces de sustituir al Estado allí donde este no llegaba. En ese vacío institucional, la violencia se normalizó y la criminalidad se convirtió en un factor estructural del día a día.
Frente a este contexto, el gobierno de Bukele optó por una estrategia de tolerancia cero, basada en la militarización de la seguridad pública, el endurecimiento del marco penal y la aplicación reiterada de un estado de excepción. El artículo analiza con detalle instrumentos clave como el Plan Control Territorial, el despliegue masivo de fuerzas armadas y policiales en barrios históricamente dominados por pandillas o la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una mega prisión diseñada para albergar a decenas de miles de reclusos bajo un régimen de aislamiento extremo.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Fuente: José Cabezas de la Agencia Reuters.
Reducción drástica de los homicidios
Desde el punto de vista de los resultados, el estudio reconoce un hecho difícil de ignorar: la reducción drástica de los homicidios. “Los datos muestran una caída significativa de los delitos violentos, especialmente de los asesinatos, lo que ha generado una percepción de seguridad inédita en amplios sectores de la población”, señalan los autores. Este impacto explica, en buena medida, el fuerte respaldo social que las políticas de Bukele mantienen dentro del país, especialmente entre quienes han vivido durante años bajo la amenaza directa de las pandillas.
Restricción de derechos fundamentales
No obstante, el artículo va más allá del análisis estadístico. Rodríguez González y Payá Santos advierten de que la seguridad no puede medirse únicamente en cifras, sino también en términos de derechos, garantías y sostenibilidad democrática. “La eficacia inmediata no debe ocultar los riesgos que supone la normalización de medidas excepcionales en un Estado constitucional”, apuntan, en referencia al uso prolongado del estado de excepción, que ha permitido detenciones masivas sin pruebas concluyentes, la ampliación de los plazos de detención sin acusación formal y la restricción de derechos fundamentales como la libertad de reunión o el derecho a la defensa.
El trabajo ofrece una visión compleja con distintas teorías criminológicas para contextualizar estas políticas. Desde el enfoque del law and order hasta el controvertido derecho penal del enemigo, los autores explican cómo el Estado redefine al delincuente como una amenaza absoluta, legitimando respuestas extraordinarias. “Cuando determinados colectivos son situados fuera del contrato social, el riesgo es que se difuminen los límites entre la protección de la seguridad y la vulneración de derechos fundamentales”, advierten los autores en el estudio.
¿Es posible la sostenibilidad de este modelo?
Uno de los aspectos más relevantes del artículo es su reflexión a largo plazo. Lejos de limitarse a una valoración coyuntural, los autores se preguntan por la sostenibilidad del modelo. “La represión puede contener el delito en el corto plazo, pero si no se abordan las causas estructurales como exclusión social, falta de oportunidades, debilitamiento de los lazos comunitarios, el problema corre el riesgo de reaparecer bajo nuevas formas”, sostienen. En este sentido, el trabajo alerta sobre el peligro de que las condiciones carcelarias extremas y la ausencia de programas de rehabilitación refuercen dinámicas de radicalización y cohesión criminal dentro del sistema penitenciario.
El análisis incorpora también la perspectiva de los derechos humanos, recogiendo las críticas de organismos internacionales que han denunciado detenciones arbitrarias y un posible debilitamiento del Estado de derecho. Al mismo tiempo, el artículo evita una lectura simplista o ideologizada. “No se trata de negar la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana, sino de preguntarse a qué precio y con qué consecuencias institucionales”, subrayan los docentes de la Universidad Isabel I, planteando un debate que trasciende el caso salvadoreño y resulta especialmente pertinente para otras democracias enfrentadas a altos niveles de criminalidad.
El artículo, disponible en español y con versiones tituladas en inglés, italiano y portugués, amplía su impacto internacional y consolida a la institución como un espacio de análisis crítico de los grandes desafíos contemporáneos.
En definitiva, el estudio de Rodríguez González y Payá Santos ofrece una lectura equilibrada y profundamente documentada sobre una política que ha logrado resultados visibles, pero que plantea interrogantes de fondo. Como concluyen los propios autores, “la verdadera prueba de estas políticas no será solo la reducción del crimen hoy, sino su capacidad para construir un futuro seguro sin renunciar a los principios que sostienen una sociedad democrática”.