El profesor Ricardo Ortega Ruiz.
25 de mayo de 2026. El profesor del Grado en Criminología de la Universidad Isabel I, Ricardo Ortega Ruiz, ha participado en el programa Hoy por Hoy Gran Canaria de la Cadena SER para analizar el fenómeno de la violencia vicaria, una forma de violencia de género en la que el agresor utiliza a los hijos como instrumento de daño hacia la madre. Ortega, uno de los pocos peritos en España especializados en este ámbito, ha ofrecido una visión técnica sobre la complejidad de estos procedimientos judiciales y la dificultad de que las pruebas periciales sean plenamente valoradas en los tribunales.
Su intervención se enmarca en una investigación periodística realizada en Canarias sobre el recorrido judicial de numerosas denuncias por presuntos abusos a menores y la respuesta institucional ante ellas. En este contexto, se ha puesto el foco en un patrón reiterado: el elevado número de procedimientos archivados. Según datos citados durante el programa y alertas previas de organizaciones como Save the Children, en el archipiélago alrededor del 70% de los casos podría acabar sin continuidad judicial, lo que ha generado preocupación entre familias y profesionales.
Función del perito judicial en estos procesos
Durante la entrevista, Ortega explicó el papel del perito judicial en este tipo de procesos: “en mi caso, como doctor en ingeniería biomédica, analizo las lesiones y reconstruyo la mecánica que las ha producido. No es lo mismo una lesión por fricción que una producida por una agresión directa; cada una deja un patrón distinto que puede ser interpretado científicamente”.
El experto también subrayó la escasez de profesionales especializados en este campo en España: “somos muy pocos los que nos dedicamos a este tipo de peritajes, y eso ya supone el primer obstáculo para las familias que buscan apoyo técnico en estos casos”.
Uno de los aspectos más controvertidos abordados fue el destino de los informes periciales en sede judicial. Ortega afirmó que, en su experiencia profesional, ha intervenido en más de medio centenar de casos, la mayoría de los cuales han terminado archivados: “de más de 50 casos, alrededor de 40 se han archivado prácticamente sin considerar el conjunto de la prueba. En algunos ni siquiera se nos permitió declarar”.
Situación en Canarias
En el caso específico de Canarias, el perito señaló que el volumen de trabajo procedente del archipiélago es especialmente significativo dentro de su experiencia profesional: “aproximadamente un 15% de los casos en los que hemos intervenido provienen de las islas”.
Canarias no dispone de un listado nominal público de menores víctimas de violencia de género o violencia vicaria, ya que estos datos están protegidos por la legislación de privacidad y protección de la infancia.
Según investigaciones periodísticas recientes y datos agregados de organismos oficiales, el archipiélago presenta una realidad especialmente sensible en este ámbito, con presencia de casos graves de violencia familiar y de género y un elevado volumen de procedimientos judiciales que terminan archivados antes de llegar a juicio.
En el balance histórico de la violencia de género en Canarias, las cifras acumuladas sitúan en torno a 114 mujeres y 9 menores asesinados desde el inicio de los registros oficiales, un dato global que refleja la dimensión del problema, aunque sin desglose caso a caso ni identificación de víctimas.
Procedimientos que se dilatan
La investigación periodística emitida durante el programa también recogió testimonios de madres que denuncian dificultades desde el primer momento en el sistema sanitario y judicial, con retrasos en pruebas forenses, informes considerados “inconcluyentes” y procedimientos que se dilatan hasta perder evidencias físicas relevantes.
Ortega describió situaciones complejas en las que, pese a existir material probatorio, los casos no avanzan: “hemos trabajado con vídeos, imágenes y documentación que evidencian lesiones compatibles con agresión, y aun así muchos procedimientos se archivan. Es algo que resulta difícil de comprender desde el punto de vista técnico”.
El perito también advirtió del impacto emocional y profesional de este tipo de trabajo: “llega un punto en el que te preguntas qué estamos haciendo aquí, porque ves cómo casos con indicios claros no prosperan”.
Mayor reconocimiento del trabajo pericial
En el tramo final de la entrevista, Ortega reclamó mayor reconocimiento del trabajo pericial dentro del sistema judicial: “lo mínimo es que se nos escuche. No solo al médico forense, sino también a otras disciplinas que pueden aportar información relevante para la valoración de los casos”.
La violencia vicaria y los casos de presuntos abusos a menores en contextos de conflicto familiar siguen siendo uno de los debates más sensibles dentro del ámbito jurídico y social en España, especialmente en territorios como Canarias, donde colectivos sociales y organizaciones de protección a la infancia han pedido en los últimos años mayor agilidad en la tramitación de denuncias y una revisión de los protocolos de actuación.