Agentes de policía y de protección civil velando por la seguridad de la población en un evento.
2 de julio de 2026. El profesor José Julián Isturitz, docente del Grado en Ciencias de la Seguridad de la Universidad Isabel I, y el investigador Eduardo Montero Viñuales firman en la revista Cuadernos de Seguridad un extenso trabajo en dos entregas en el que analizan la evolución del sistema de emergencias en España y plantean la creación de agencias de emergencias con autoridad única, mayor integración operativa y una fuerte orientación hacia la prevención.
Sendos artículos combinan la revisión histórica, el diagnóstico del sistema actual y una serie de propuestas de futuro. Su objetivo es la protección civil española ha evolucionado, pero su arquitectura institucional ya no responde con suficiente eficacia a los riesgos contemporáneos.
De Cádiz a la arquitectura del Estado autonómico
El análisis arranca en los antecedentes históricos de la protección civil, que los autores sitúan simbólicamente en la Constitución de Cádiz de 1812. Sin embargo, es la Constitución de 1978 la que configura el verdadero punto de partida del sistema actual, al establecer el marco de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
Desde entonces, el desarrollo normativo ha sido constante: la Ley de Protección Civil de 1985, la Norma Básica de 1992 (actualizada en 2023), la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 o la Estrategia Nacional de 2019 y 2024 han ido construyendo un sistema complejo, descentralizado y con múltiples actores.
Sin embargo, los autores advierten de que esta evolución ha generado también “tensiones competenciales y carencias de coordinación”, una debilidad estructural que se mantiene en la actualidad.
Un cambio de era en las emergencias
Uno de los ejes centrales del trabajo es la transformación del tipo de emergencias. Si en los años ochenta predominaban los accidentes industriales —incendios, explosiones o vertidos químicos—, hoy el escenario es radicalmente distinto. El siglo XXI ha traído emergencias más frecuentes, prolongadas y complejas: incendios forestales de gran intensidad, inundaciones repentinas, pandemias, apagones o fenómenos climáticos extremos.
En este contexto, el artículo subraya un cambio de paradigma fundamental: “La protección civil ya no puede limitarse a reaccionar, sino que debe anticiparse, planificar y coordinarse de manera supraterritorial para incidencias de más larga duración”. Este giro conceptual implica, según el análisis, pasar de un modelo reactivo a otro basado en la prevención, la resiliencia y la gestión anticipada del riesgo.
Un sistema avanzado, pero fragmentado
El trabajo reconoce avances importantes en el sistema español, especialmente en materia tecnológica y de profesionalización. La incorporación de inteligencia artificial, drones, sistemas de información avanzados o gemelos digitales ha mejorado la capacidad de respuesta.
También se destaca el papel del teléfono único de emergencias 112 o la creación de estructuras como la Unidad Militar de Emergencias (UME), que han reforzado la capacidad operativa del sistema.
Sin embargo, el diagnóstico es crítico en lo institucional y organizativo. El artículo señala que la estructura actual sigue marcada por la dispersión normativa, la fragmentación formativa y la falta de una cultura de seguridad consolidada. Según los autores, la coordinación entre niveles de gobierno sigue siendo insuficiente y, en muchos casos, se limita a la colaboración sin una verdadera integración operativa.
Hacia un modelo en red y soberanía dual
En el segundo artículo, el análisis propone un cambio estructural profundo del sistema de protección civil. El futuro, sostienen, debe orientarse hacia un modelo interterritorial y colaborativo en red, en el que la respuesta no dependa únicamente de niveles administrativos, sino de las necesidades reales de cada emergencia.
El texto introduce el concepto de soberanía dual como alternativa al modelo actual. En palabras del artículo, se trata de avanzar “de lo centralizado a lo descentralizado, con una soberanía dual que no sea exclusivamente civil o militar, ni estatal o autonómica”. Este enfoque busca superar las tensiones competenciales y construir un sistema más flexible, en el que los recursos se integren bajo un marco común de actuación.
Agencias de emergencias con autoridad única
Uno de los puntos más relevantes del trabajo es la propuesta de creación de Agencias de Emergencias como estructuras autónomas, ejecutivas y profesionales. Estas agencias tendrían autoridad única en la gestión de emergencias, integrando recursos civiles —bomberos, sanitarios, fuerzas de seguridad o salvamento marítimo— con capacidades excepcionales como la UME. El objetivo es lograr una respuesta dual y coordinada bajo protocolos comunes y plataformas compartidas de información. En este sentido, el artículo insiste en que la clave no está en la suma de recursos, sino en su integración efectiva en un sistema único de decisión operativa.
Profesionalización, conocimiento y tecnología
El estudio incide en la importancia de la profesionalización del sistema. Las futuras agencias deberían contar con equipos altamente cualificados, con formación directiva, evaluación continua y procesos de acreditación. Además, los investigadores consideran que el conocimiento científico se debe presentar como un pilar esencial en esta materia. Universidades, centros de investigación y entidades expertas deben participar activamente en la construcción del sistema, aportando evidencia y capacidad de análisis. La tecnología, por su parte, se considera un elemento clave para la evolución del modelo. La interoperabilidad de datos, las plataformas supraterritoriales y la inteligencia artificial permitirán, según el artículo, mejorar la anticipación y la toma de decisiones en tiempo real.
La ciudadanía como eje del sistema
Más allá de la estructura institucional, el trabajo sitúa a la ciudadanía en el centro del modelo de protección civil. Los autores insisten en la necesidad de reforzar la cultura de seguridad y la educación en riesgos. “La población debe ser consciente de los riesgos y estar preparada para actuar en caso de emergencia”, recoge el artículo, que también advierte de que la digitalización no puede sustituir el papel activo de la sociedad. El objetivo, señalan, es avanzar hacia un modelo más participativo, en el que la ciudadanía no sea solo receptora de protección, sino agente activo en la reducción del riesgo.
Un cambio de paradigma
El análisis concluye que la evolución de la protección civil en España refleja “un tránsito desde modelos centralizados y reactivos hacia estructuras más descentralizadas, colaborativas y proactivas, con la ciudadanía como centro”. En un contexto de riesgos cada vez más complejos, interconectados y prolongados, los autores defienden que el sistema necesita una transformación estructural profunda. La propuesta final se orienta hacia una Agencia Nacional de Emergencias o un sistema de agencias coordinadas que combine profesionalización, tecnología, integración institucional y participación ciudadana.