Grabación de la entrevista de Andrea Cabezas para el programa 'Equipo de Investigación' en la Universidad Isabel I
10 de marzo de 2026. A pocos días del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la Universidad Isabel I y la asociación Stop Violencia Vicaria han vuelto a poner sobre la mesa la amenaza real que representan los discursos de odio y la violencia machista en redes sociales. Andrea Cabezas, alumna del Máster en el Ejercicio de la Abogacía y la Procura en esta universidad y presidenta de la Asociación Stop Violencia Vicaria, se ha convertido en la representante legal en un proceso judicial contra un hombre que ha publicado mensajes en redes sociales “que justifican el asesinato de mujeres y generan un clima de miedo y hostigamiento”, explica en un reportaje grabado por el programa Equipo de Investigación de La Sexta.
Antecedentes
En diciembre de 2025, Andrea Cabezas detectó un vídeo publicado por Hugo López Urteaga, conocido en redes como “Espíritu Hugo”, en el que justificaba la violencia extrema contra mujeres. Tras responder al vídeo con un mensaje crítico, solicitó información sobre ella en las redes proponiendo pagar hasta 100 euros por información y le propinó varios insultos. “Comencé a recibir mensajes de odio, insultos, solicitudes de amistad… y tuve que cambiar mi nombre de usuario. En los comentarios aparecía incluso el pueblo donde vivo. Tenía miedo”, relata Andrea.
El caso no es aislado: la asociación ha recibido alrededor de 20 denuncias similares de mujeres de distintas localidades en España y del extranjero, incluyendo Suiza y Argentina. Todas estas mujeres comparten un perfil: son víctimas previas de violencia machista o defensoras de los derechos de las mujeres. “Cuando contestan a los vídeos de este individuo, él se siente legitimado para atacarlas públicamente y exponerlas ante su audiencia, que cuenta con decenas de miles de seguidores”, explica Andrea.
El impacto de estos casos es global: las denuncias provienen de diferentes regiones de España, desde Andalucía hasta el País Vasco. Este patrón evidencia cómo la violencia digital se estructura alrededor de perfiles agresivos que operan con impunidad y utilizan las redes como altavoz masivo para normalizar amenazas y humillaciones.
Preparación de la grabación del programa en la Universidad Isabel I.
Los mensajes en sus redes sociales
Los mensajes difundidos por López Urteaga “no solo son despectivos, sino que incluyen apología del feminicidio y exhortaciones a la violencia: términos como “feminazi”, “puta”, “Charo” o insultos degradantes se utilizan sistemáticamente para humillar y silenciar”, explica Andrea Cabezas. La presidenta de la Asociación Stop Violencia Vicaria recalca que estos discursos no solo afectan a mujeres, sino también a quienes las defienden, incluyendo hombres y personas trans. La difusión masiva de estos contenidos —con vídeos que alcanzan más de 40.000 visualizaciones y miles de comentarios— contribuye a normalizar la violencia machista y aumenta la sensación de impunidad.
Ante la gravedad de los hechos, Stop Violencia Vicaria interpuso formalmente la denuncia ante la Fiscalía el 17 de noviembre de 2025, representando legalmente a 10 víctimas que se han personado en el procedimiento. El caso está en trámite en el Juzgado Penal número 5 de San Sebastián. Andrea Cabezas solicita prisión provisional para esta persona debido a la “reiteración de sus delitos, que incluyen amenazas, coacciones, apología del feminicidio, injurias graves y hostigamiento digital continuado”. La asociación actúa como acusación popular, protegiendo a las víctimas bajo un paraguas legal que les permite denunciar sin exponerse de manera individual.
“Nos unimos en una asociación porque la violencia no debe recaer sobre una sola mujer. Nuestro objetivo es protegernos legalmente y garantizar que estos hechos no queden impunes”, argumenta Andrea Cabezas. Además de la vía judicial, la asociación ha producido vídeos divulgativos en redes sociales para educar sobre la violencia digital y tranquilizar a las mujeres afectadas: “Queremos que sepan que no son una minoría y que la administración tiene la obligación de protegernos frente a discursos de odio. No es libertad de expresión, es violencia que debe ser condenada”, afirma Andrea.
Andrea Cabezas y su equipo recuerdan que la violencia digital tiene consecuencias reales: “Las mujeres pierden la confianza para expresarse, se coaccionan y limitan sus derechos fundamentales. Es fundamental que la justicia actúe con rapidez y que las víctimas cuenten con un acompañamiento legal y psicológico”, concluye.