Punto violeta en las Fiestas de San Juan de Soria en 2025. Fuente: Tribuna
4 de marzo de 2026. El analista de seguridad Martín González y Santiago, docente del Grado en Ciencias de la Seguridad de la Universidad Isabel I, acaba de publicar un artículo en la revista Seguritecnia. La publicación se basa en un estudio titulado “Puntos Violeta: de la visibilidad simbólica a la seguridad y la protección integral. Hacia un modelo de seguridad basado en la evidencia”, en el que realiza un juicio crítico técnico-institucional sobre la respuesta española frente a la violencia de género. El trabajo analiza el desfase existente entre la promesa institucional de estos dispositivos y su funcionamiento real, alertando del riesgo de que la alta visibilidad simbólica sustituya a la capacidad operativa efectiva.
El punto de partida del análisis es un episodio ocurrido durante la Feria de Málaga de agosto de 2025, cuando varias mujeres acudieron a Puntos Violeta en busca de apoyo ante situaciones de acoso. Según recoge el autor, la respuesta observada (con esperas prolongadas, derivaciones genéricas al 016 y ausencia de protocolos claros), puso de manifiesto que, en muchos casos, estos puntos “funcionan más como elementos declarativos que como recursos integrados en el sistema de protección”, argumenta el profesor.
De la promesa institucional a la realidad operativa
Los Puntos Violeta fueron impulsados a partir de 2021 por el Ministerio de Igualdad en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017), con el objetivo de ampliar la red de detección y apoyo a las mujeres en espacios cotidianos y eventos multitudinarios. Institucionalmente, se presentaron como nodos de proximidad accesibles, atendidos por personal formado y capaces de activar mecanismos de protección inmediata.
Sin embargo, González y Santiago sostiene que el modelo “adolece de deficiencias estructurales en su diseño, gobernanza y evaluación, lo que limita su eficacia real”. La ausencia de estándares mínimos vinculantes y la aplicación desigual en el territorio han generado una auténtica “geografía de la protección”, donde el nivel de seguridad depende del lugar, del compromiso institucional local y de la capacidad técnica de cada administración.
Comparación internacional y modelos alternativos
El artículo contrasta el modelo español con iniciativas internacionales consolidadas como Ask for Angela (Reino Unido), los Points Violets franceses o el programa Noctámbul@s en Cataluña. Estos modelos comparten elementos clave como la formación especializada del personal, los protocolos detallados, la coordinación directa con fuerzas de seguridad y servicios sanitarios y los sistemas de métricas evaluables.
Frente a ello, el autor advierte que en España predomina lo que el jurista Miguel Sánchez Morón denominó “cumplimiento meramente formal” con “dispositivos que cumplen con la apariencia administrativa, pero carecen de mecanismos reales de medición de resultados y mejora continua”.
Principios constitucionales y brechas de accesibilidad
La fragmentación territorial del sistema interpela directamente a principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad interterritorial y la lealtad institucional. González y Santiago manifiesta que el acceso a la protección frente a la violencia de género no puede depender del territorio ni del modelo autonómico concreto.
Además, su investigación revela déficits graves en accesibilidad, como la ausencia de materiales en braille, intérpretes de lengua de signos o información en lenguas cooficiales e idiomas migrantes, lo que excluye a mujeres con discapacidad sensorial o barreras lingüísticas, pese al discurso institucional sobre inclusión.
Teleprotección, fallos tecnológicos y riesgo sistémico
El trabajo dedica una parte sustancial a examinar los fallos del sistema de seguimiento telemático Cometa durante el periodo 2024-2025, coincidiendo con la transición tecnológica de los dispositivos de control. Estas incidencias, documentadas por fiscalías y organismos oficiales, provocaron pérdida de pruebas, sobreseimientos y sentencias absolutorias, comprometiendo la protección efectiva de las víctimas.
A ello se suma el análisis del apagón masivo del 28 de abril de 2025, conceptualizado por el autor como un Colapso Dominó Infraestructural (CDI). Este episodio evidenció cómo una disrupción energética puede paralizar simultáneamente sistemas críticos como Cometa, VioGén, el 112 o las plataformas judiciales, dejando al descubierto una vulnerabilidad estructural del ecosistema digital de protección.
Dispositivos complementarios y evidencia operativa: el Proyecto PEPO
Frente a los vacíos del sistema, el profesor González y Santiago destaca iniciativas como el Proyecto PEPO, basado en perros de protección entrenados, como ejemplo de capacidad operativa real, disuasión efectiva y apoyo emocional. El autor subraya que estos dispositivos no sustituyen a los recursos públicos, pero sí los complementan cuando cumplen estándares técnicos, supervisión profesional y evaluación continua.
El reconocimiento normativo de estos programas, culminado en el Real Decreto 409/2025, demuestra, según su reflexión, que la eficacia en protección depende menos del simbolismo y más de la técnica, la previsibilidad normativa y la evaluación rigurosa.
Hacia una Ley de Bases estatal y un modelo verificable
Entre las principales propuestas del artículo destaca la necesidad de una Ley de Bases estatal que fije estándares mínimos obligatorios en interoperabilidad, continuidad del servicio, trazabilidad de datos, formación certificada y protocolos homogéneos. Esta norma, amparada en el artículo 149.1 de la Constitución, permitiría garantizar un suelo común de protección equivalente en todo el territorio, sin menoscabar la autonomía organizativa de las comunidades autónomas.
Conclusión: de la visibilidad a la capacidad real
En sus conclusiones, Martín González y Santiago es contundente. El profesor incide en señalar que la protección institucional no puede basarse en escudos decorativos ni en dispositivos de alta visibilidad pero con una baja capacidad técnica. La seguridad efectiva exige sistemas robustos, auditables y resilientes, capaces de sostener la respuesta incluso ante fallos tecnológicos o energéticos. Solo mediante una transición decidida de la visibilidad simbólica a la capacidad técnica verificable, los Puntos Violeta podrán convertirse en verdaderos mecanismos de protección y justicia material.