Blas Jesús Imbroda Presidente del Colegio de Abogados Penal Internacional
Lun, 21/08/2017 - 14:23

Observamos impactados los hechos trágicos que diariamente ocurren en Venezuela, ante la terrible deriva que en los últimos tiempos se ha producido por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Es sencillamente la actuación de quien sin el menor escrúpulo, ni respeto a los principios de la democracia, impone una dictadura para permanecer en el poder a costa no solo de estos principios, inexistentes en su ideario, sino también de la vida de las personas, de la libertad y del futuro de todo un pueblo.

La sucesión de hechos es terrible: Un número interminable de muertes llevadas a cabo por miembros de la Guardia Nacional en la brutal represión que se hace contra las manifestaciones y movilizaciones contra el régimen dictatorial. Numerosas y continuas detenciones arbitrarias. Encarcelamientos y privaciones graves de la libertad en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Torturas. Persecuciones por motivos políticos. Desapariciones forzadas de personas.

Esos actos y esa terrible forma de actuar vienen expresamente tipificados en el artículo 7 del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI), como Crímenes de Lesa Humanidad.

Ante la represión diaria y brutal que se vive en Venezuela, los tribunales nacionales, absolutamente manipulados, no hacen ni harán nada para juzgar dichos crímenes mientras persista el régimen de Maduro. Es por ello, que es la propia Corte Penal Internacional la que debe actuar con diligencia y celeridad, y demostrar al mundo, que este Tribunal no va a permitir la impunidad en Venezuela.

Teniendo en cuenta que Venezuela es uno de los 124 estados que a día de hoy son parte de la Corte Penal Internacional, este tribunal debería dirigir ya un procedimiento contra Nicolás Maduro y los líderes que encabezan el gobierno de Venezuela y las fuerzas de seguridad, y dictar las correspondientes órdenes de detención.

La rectitud que a día de hoy ha demostrado la Corte debe demostrarla con la situación de Venezuela. La legitimidad incuestionable de la Justicia Penal Internacional, se reafirmará con una respuesta ágil y rápida de la Corte Penal Internacional ante los crímenes de lesa humanidad, que desgraciadamente se están cometiendo día a día en Venezuela. Con ello se cumplirá además uno de sus fines, que los autores de los más execrables crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, no queden impunes.

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