Martín González y Santiago - Mié, 24/09/2025 - 13:23
Pulseras de seguridad y teléfono de protección de violencia de género. Fotografía: Laura de Grado, de EFE.
Serie: 'Seguridad a tu alcance' (LXII)
Como profesional de la Seguridad, así como académico, con el grado de doctor en medicina, seguridad y derecho, y más de dos décadas dedicadas a la formación continua, no sólo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino también de mujeres en autoprotección frente a agresiones, abordaremos desde una perspectiva integral y contrastada los mecanismos institucionales de protección frente a la Violencia de Género en España.
Marco teórico
La protección institucional frente a la violencia de género se apoya en herramientas jurídicas, tecnológicas y psicosociales. Desde la Ley Orgánica 1/2004, se han desarrollado sistemas como COMETA para el seguimiento telemático de agresores, y reformas legislativas centradas en el consentimiento como eje del delito sexual. Autores como Echeburúa (2018) y Larrauri (2020) destacan la importancia de la prevención secundaria, aunque advierten que su eficacia depende de una implementación rigurosa y adaptada a riesgos emergentes.
Objetivo general
Analizar críticamente las deficiencias estructurales en los sistemas de protección a víctimas de violencia de género en España, evaluando el impacto del fallo operativo del sistema COMETA, los efectos jurídicos de la Ley Orgánica 10/2022, y el reconocimiento tardío de los perros de protección (PEPO), como herramienta de acompañamiento, desde una perspectiva de seguridad institucional, técnica legislativa y resiliencia operativa.
Sistema COMETA: transición tecnológica y fallos operativos
En marzo de 2024, el sistema COMETA fue adjudicado a una nueva UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad España. La transición tecnológica provocó fallos en el volcado de datos, impidiendo el acceso a información clave sobre la geolocalización de agresores.
La Fiscalía General del Estado alertó sobre la imposibilidad de acreditar el quebrantamiento de órdenes de alejamiento en numerosos procedimientos, lo que derivó en sobreseimientos provisionales y sentencias absolutorias por falta de prueba. Paralelamente, se difundieron informaciones que apuntaban a la adquisición de dispositivos sin homologación técnica, incluso a través de plataformas como AliExpress. Aunque el Ministerio de Igualdad ha negado categóricamente dicha práctica y ha defendido la certificación europea de los dispositivos utilizados, la mera existencia de este cuestionamiento revela una preocupante pérdida de confianza institucional. En cualquier caso, resulta inadmisible que un sistema de protección tan sensible esté expuesto a dudas sobre su fiabilidad técnica y operativa, lo que exige una revisión profunda de los protocolos de adjudicación y supervisión.
Riesgo jurídico y desprotección institucional
La pérdida de datos provocó sobreseimientos provisionales y absoluciones por falta de prueba. Fiscalías como las de Castellón y Pontevedra alertaron sobre la inseguridad generada en las víctimas, algunas de las cuales solicitaron la retirada del sistema. Aunque el Ministerio anunció la recuperación de datos en enero de 2025, el daño institucional ya estaba consolidado.
Ley Orgánica 10/2022: técnica legislativa y consecuencias penales
La Ley Orgánica 10/2022 eliminó la distinción entre abuso y agresión sexual, reduciendo las penas mínimas y activando el principio de retroactividad penal favorable. Entre 2022 y 2024, se registraron más de 1.200 revisiones de condenas y al menos 121 excarcelaciones, incluyendo casos de alta repercusión como el de “La Manada”. La reforma posterior mediante la Ley Orgánica 4/2023 intentó corregir estos efectos, pero sin revertir las consecuencias ya ejecutadas. La técnica legislativa empleada fue objeto de crítica por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
Indicadores de impacto: aumento de víctimas tras la reforma legal
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/2022, los datos oficiales evidencian que la violencia de género no ha disminuido. En 2023 se alcanzó la cifra más alta de víctimas mortales desde 2010, con 58 mujeres asesinadas; en 2024 fueron 48, y en lo que va de 2025 ya se han confirmado 17 casos. La mayoría de estas mujeres no contaban con medidas de protección activas, según informes del Consejo General del Poder Judicial y del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.
Estos datos, publicados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, son fácilmente contrastables y revelan una desconexión preocupante entre el diseño institucional y su aplicación real. Como académicos, nos inquieta que mientras se proclama una reforma legislativa transformadora, las políticas efectivas continúan siendo estériles frente a la complejidad del problema. La Violencia de Género exige técnica, recursos y voluntad sostenida, no consignas ideológicas.
El Global Blackout: vulnerabilidad digital y resiliencia institucional
El 28 de abril de 2025, España y Portugal sufrieron un apagón masivo que afectó infraestructuras críticas, incluyendo el sistema COMETA. Durante varias horas, las víctimas de violencia de género quedaron sin posibilidad de activar alertas ni recibir asistencia. El evento fue documentado por el autor en la revista Seguritecnia y analizado por expertos como el Dr. Martín González y Santiago, quien señaló:
Durante horas, muchas mujeres víctimas de violencia de género quedaron completamente desprotegidas, sin posibilidad de activar alertas ni recibir asistencia inmediata. Este fallo no solo puso en riesgo vidas, sino que además deja en evidencia la falta de medidas de respaldo en sistemas esenciales de seguridad. (González, M., 2025, p. 14).
Este episodio evidenció la ausencia de protocolos de respaldo y la dependencia excesiva de sistemas digitales sin redundancia operativa, lo que exige una revisión profunda de la planificación estratégica en seguridad institucional.
Reconocimiento tardío de los perros de protección
La necesidad de reconocer legalmente a los perros de protección ha sido planteada en diversos foros académicos y profesionales. Hemos participado en varios congresos nacionales, entre ellos el Bilbao Congress (2023), donde expusimos esta urgencia. En dicho encuentro se recogieron propuestas técnicas específicas, pero la respuesta legislativa ha resultado tardía y limitada en alcance.
Además, esta cuestión ha sido abordada en entrevistas que nos han realizado en medios como el periódico digital Norte Gran Canaria, donde hemos destacado la utilidad de los perros de protección como medida de acompañamiento emocional y disuasoria para mujeres en situación de riesgo. Estas intervenciones han contribuido a visibilizar la necesidad de su reconocimiento legal y operativo, reforzando el debate técnico que venimos sosteniendo desde hace años en distintos espacios formativos y congresuales.
Otra alternativa de defensa es la utilización de perros de protección para que las mujeres que hayan sido objeto de maltrato puedan rehacer su vida junto a estos ‘peludines’ de cuatro patas […]. Aquellos que tienen más arraigado el instinto de protección son los que sirven y los seleccionados para estas tareas. (González y Santiago, entrevista en Norte Gran Canaria, 2023).
Estas intervenciones públicas han contribuido a visibilizar la exclusión institucional que han sufrido muchas mujeres, y a impulsar el debate legislativo que culminó en el Real Decreto de 2025.
Durante años, las mujeres que utilizaban estos animales entrenados no podían acceder con ellos a espacios públicos, lo que limitaba su autonomía y seguridad. Estudios en psicología del trauma y criminología ambiental han demostrado que el acompañamiento por perros entrenados refuerza la autoconfianza, reduce la percepción de vulnerabilidad y mejora la capacidad de respuesta ante amenazas (Gerson Vidal, 2024). Negar el acceso legal a estos animales ha sido, en la práctica, una forma de revictimización institucional.
Aspectos transversales: resiliencia, técnica normativa y gobernanza
- Resiliencia digital: la falta de redundancia en sistemas como COMETA compromete la continuidad operativa ante eventos críticos. Es necesario incorporar arquitecturas tolerantes a fallos y protocolos de recuperación inmediata.
- Técnica legislativa: la Ley Orgánica 10/2022 mostró deficiencias en la redacción normativa, especialmente en la configuración de márgenes penales. La reforma de 2023 fue una corrección tardía de un error evitable.
- Gobernanza institucional: la adjudicación de contratos públicos para sistemas de protección debe regirse por criterios de calidad técnica, trazabilidad y supervisión independiente. La opacidad en la transición tecnológica de COMETA es un ejemplo de mala praxis administrativa.
Conclusión
La combinación de una ley mal diseñada, un sistema de protección fallido y una respuesta legislativa tardía ha generado un escenario de vulnerabilidad institucional que compromete la seguridad de las víctimas de violencia de género. No se trata de errores aislados, sino de fallos estructurales que requieren una revisión profunda de los protocolos de adjudicación, supervisión y resiliencia operativa. La protección efectiva exige rigor técnico, sensibilidad jurídica y voluntad política sostenida.
Referencias:
Código Penal Español. (2023). Título VIII, Libro II. Boletín Oficial del Estado.
Fiscalía General del Estado. (2024). Memoria anual. Ministerio de Justicia.
Gerson Vidal. (2024). Protección emocional y criminología ambiental. Blog jurídico especializado.
González y Santiago, M. (2023, octubre 2). Entrevista realizada por Inma Flores al Prof. Dr. Martín González y Santiago. Norte Gran Canaria.
González y Santiago, M. (2023, octubre 9). Entrevista realizada por Inma Flores a Martín González Santiago (2ª parte). Norte Gran Canaria.
González y Santiago, M. (2025). Global blackout: del “cero energético” al “cero digital”. Revista Seguritecnia, (456), 12–17.
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Boletín Oficial del Estado.
Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, de modificación del Código Penal. Boletín Oficial del Estado.
Ministerio de Igualdad. (2024). Informe técnico sobre la transición del sistema COMETA. Gobierno de España.
Muñoz Casalta, V. (2025). Análisis técnico de la Ley Orgánica 10/2022. Confilegal.
Editor: Universidad Isabel I
ISSN 2697-288X
Burgos, España