Reunión del CECOP en el Ayuntamiento de Ponferrada. Eduardo Fernández con chaqueta azul celeste en la bancada del fondo ofreciendo sus consejos ante la situación de alerta nivel 1.
21 de noviembre de 2025. La súbita contaminación del agua domiciliaria que dejó sin abastecimiento potable a cerca de 40.000 vecinos de Ponferrada activó en pocas horas el nivel 1 de emergencia de Protección Civil y la puesta en marcha del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOP). Entre los expertos convocados para asesorar al Ayuntamiento, destacó la participación del profesor Eduardo Fernández, docente del Grado en Ciencias de la Seguridad y el Máster en Ejercicio de la Abogacía y la Procura de la Universidad Isabel I y especialista en protección civil.
El profesor Fernández fue incorporado al comité tras los desprendimientos de tierra y piedras que, debido al intenso episodio de lluvias, arrastraron lodos hacia la captación de agua de la potabilizadora. El aumento brusco de la turbidez dejó a la ciudad al borde de la falta inmediata de agua potable “en un plazo de entre tres y cinco horas”, según la empresa concesionaria.
Un asesoramiento técnico decisivo ante una emergencia poco habitual
El Ayuntamiento, que no cuenta con un técnico de plantilla especializado en protección civil, recurrió al profesor Eduardo Fernández como experto universitario. “El principal reto es hacer frente a una emergencia no prevista en la planificación”, explicó el profesor, quien aseveró que el Plan Municipal de Ponferrada es de 1998, y es, por tanto, “muy anterior a la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado, a la Ley de Protección Ciudadana de Castilla y León, al Plan de Protección Civil de Castilla y León y, dado que la distribución de agua es considerada una infraestructura crítica, anterior incluso a la Ley de Protección de las Infraestructuras Críticas nacional y al Plan sectorial del agua como infraestructura crítica de 2015”.
El experto en protección civil añadió que “los ayuntamientos, como ha sido el caso de Ponferrada, tienen grandes profesionales en los servicios de emergencia, Policía Local y bomberos, en ingeniería y en laboratorio, pero pueden necesitar ayuda con los aspectos formales de activación y niveles de emergencia.” Su función consistió en apoyar al consistorio en la adecuada interpretación del Plan Municipal, el PLANCAL y los protocolos de coordinación con administraciones autonómicas y estatales.
Protocolos desactualizados y nuevos riesgos: la reflexión del experto
El profesor recordó también la necesidad de revisar y actualizar los planes de emergencia tras la pandemia. “Probablemente se tenía que haber aprovechado la emergencia por covid para actualizar los planes”, afirmó. En su análisis, los riesgos naturales actuales como los incendios de sexta generación o las lluvias torrenciales y los riesgos tecnológicos emergentes, incluyendo apagones o ciberriesgos, que exigen una protección civil más moderna y menos sujeta a improvisaciones.
La politización, otro de los riesgos señalados
En línea con lo expuesto en el reciente webinar ofrecido durante la Semana de la Ciencia de Castilla y León, Eduardo Fernández subrayó que “en una buena cantidad de emergencias se trata más de una inaplicación correcta de los protocolos que de la inadecuación de sus contenidos”.
Evitar las improvisaciones en la aplicación de los planes es fundamental, argumentó el profesor Fernández en el webinar. “Cada vez que sucede algo se habla de cambiar planes y protocolos de actuación. Está bien hacerlo si el análisis forense así lo aconseja, pero en una buena cantidad de emergencias se trata más de inaplicación correcta de los protocolos que de la inadecuación de sus contenidos. La protección civil debe ser un asunto de Estado que impida la politización y la precipitación por el impacto mediático para poder ser una herramienta eficaz de ayuda a los ciudadanos en el momento en que peor lo están pasando”.
El profesor insistió en la importancia de evitar que las decisiones en emergencias se contaminen de intereses políticos, y subrayó que “la protección civil debe ser un asunto de Estado. La ciudadanía no quiere oír enfrentamientos políticos cuando hay daños graves o víctimas”.
Una emergencia de “extrema gravedad”
La caída del talud en la carretera de acceso a Peñalba de Santiago bloqueó el vial y contaminó el agua que abastece a gran parte de Ponferrada. El Ayuntamiento activó el nivel 1 y estableció puntos de suministro alternativo con camiones cisterna, instando a la población a consumir agua embotellada y a hacer un uso responsable del recurso.
Los barrios afectados abarcaron zonas altas de la ciudad y diversos pueblos del municipio, mientras se coordinaban actuaciones con la Subdelegación del Gobierno, la Diputación de León y la Junta de Castilla y León.
La Universidad Isabel I: experiencia al servicio de la gestión de crisis
La colaboración del profesor Fernández se enmarca en la apuesta de la Universidad Isabel I por la formación en seguridad y protección civil, pionera en integrar esta materia en estudios en el Grado en Ciencias de la Seguridad. Muchos de sus docentes han desempeñado cargos relevantes en emergencias y catástrofes, asesorando a administraciones locales, autonómicas y estatales.
Con su participación en Ponferrada, la experiencia académica volvió a convertirse en apoyo directo a la gestión pública en uno de los episodios considerados por el propio Ayuntamiento como de “extrema gravedad”.