Fotografía aérea de la localidad de Mijas, en Málaga.

Fotografía aérea de la localidad de Mijas, en la provincia andaluza de Málaga.

26 de septiembre de 2025. Rafael Vega Pozuelo, profesor del Grado en Ciencias de la Seguridad y del Máster en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Isabel I, ha participado en la publicación del artículo “Espacio rústico o libre: una visión geográfica de su ordenación y protección a propósito del caso de Andalucía (España)”, en la revista Investigaciones Geográficas (nº 84, 2025). El trabajo se ha desarrollado junto a los investigadores Rafael Garzón-García, Gema Florido-Trujillo y María Luisa Ramírez-López, todos ellos de la Universidad de Córdoba.

La investigación parte de la creciente necesidad de una ordenación y gestión coherente del territorio en un contexto de cambio global, en línea con lo señalado por el Manifiesto por una Nueva Cultura del Territorio (AGE, 2018). Frente a la visión residual que tradicionalmente ha acompañado al suelo rústico en la planificación urbanística, el artículo defiende un enfoque integrador: “el espacio rústico debe entenderse como un sistema integrado de espacios libres, cuya ordenación y protección requiere una visión unitaria”. Este planteamiento lo concibe como un mosaico territorial complejo, con funciones esenciales para la sostenibilidad y la calidad de vida.

Diversidad territorial y marco normativo complejo

El estudio analiza el caso de Andalucía, región caracterizada por una gran diversidad territorial y por un marco normativo y planificador denso, en el que destacan la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) y su Reglamento de 2022. La metodología utilizada combina fuentes normativas, estadísticas y cartográficas, y ofrece un diagnóstico de los logros y retos pendientes. En palabras de los autores, “la planificación vigente debe actualizarse para incorporar de forma efectiva la infraestructura verde y la gestión del cambio climático”.

Las conclusiones del trabajo subrayan, en primer lugar, el potencial del espacio rústico como sujeto propio de ordenación y protección, desde una perspectiva que va más allá de su consideración tradicional como “suelo no urbanizable”. Los autores destacan que este espacio constituye un sistema territorial con una fuerte diversidad interna —natural, seminatural y agraria—, lo que exige abordarlo con una visión unitaria, integradora y sistémica. Esta mirada es clave para garantizar su papel en la sostenibilidad, la calidad de vida y el equilibrio territorial, además de alinearse con las demandas actuales de adaptación al cambio climático.

Planificación en Andalucía

En el caso de Andalucía, la investigación pone de manifiesto la complejidad del entramado normativo y planificador, en el que confluyen instrumentos territoriales, urbanísticos y sectoriales. El estudio recopila por primera vez de forma global esta red de regulaciones, lo que sitúa a la comunidad como una de las regiones más avanzadas en España en materia de protección del espacio libre. No obstante, junto a logros como la aprobación de la LISTA y la consolidación de una estrategia regional de conectividad ecológica, se detectan contradicciones y retos pendientes, como la falta de actualización de ciertos instrumentos —entre ellos el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)—, la escasa incorporación efectiva de la infraestructura verde y la necesidad de reforzar la coordinación entre planes territoriales y ambientales.

En síntesis, los autores resaltan que la ordenación coherente del espacio rústico solo será posible si se supera la fragmentación actual, integrando en un mismo marco los instrumentos de planificación territorial, ambiental y urbanística. Además, señalan que es imprescindible fortalecer la dimensión proactiva de la planificación y afrontar cuestiones sensibles como la incorporación coherente de edificaciones irregulares en el modelo territorial. El marco propuesto, aseguran, puede ser extrapolado a otras regiones, lo que convierte a Andalucía en un laboratorio de referencia para avanzar hacia un modelo de gestión territorial más sostenible, coherente y adaptado a los desafíos del siglo XXI.