Cristóbal Ruitiña Director del Grado en Periodismo
Lun, 17/07/2023 - 10:26

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Serie: 'El Poder de la Palabra' (XXI)

La reciente condena a una periodista de Huelva por revelación de secretos es, desde luego, un peligroso precedente para el Derecho a la Información y, en general, la Libertad de Prensa. Según se recoge en la sentencia, reveló excesivos detalles acerca de un caso criminal a partir del acceso que tuvo al sumario. Que los tribunales decidan con cuánto detalle se debe informar sobre alguna cuestión socava los derechos y libertades anteriormente mencionados, de los que hasta ahora debía ser garante la profesión periodística, y así lo es en la Europa democrática.

Pero el problema también es ese ¿Qué es la profesión periodística? ¿Quién forma parte de ella y quién decide que alguien no la conforme? En los países más avanzados en términos de libertades públicas y derecho a la información disponen de una serie de instituciones que ayudan a determinarlo, entre ellas los consejos generales de periodistas o los consejos de medios audiovisuales. Son estos organismos, conformados principalmente -aunque no solo- por integrantes de la profesión los que están pendientes de vigilar los excesos que se comentan y, en su caso, sancionarlos.

Sin duda, la creciente atomización y precarización de los medios ha alimentado muchos de estos excesos. En este momento, detalles de un sumario, que, en otro tiempo, se hubieran quedado en la trastienda de la esfera pública, por decisión del propio redactor o, más allá, del redactor jefe, salen sin pudor a la luz con el oscuro propósito de obtener a toda costa más audiencia que el competidor más próximo.

Es, de nuevo, la dictadura del clickbait lo que, también en gran medida, está, por lo tanto, detrás de esta, igual que la judicial que hemos visto, peligrosa tendencia. Porque si, desde luego, espinoso es que los tribunales pasen a ejercer el papel de redactores jefe, también lo es el actual momento de exacerbada competitividad que empuja a todos, redactores rasos y editores, a, como hemos visto, revelar hasta el más ínfimo detalle de un sumario, por más que de esta manera se perjudique a las personas afectadas y, de paso, contaminen el espacio público con datos e informaciones irrelevantes.

Toca, por lo tanto, hacer una nueva llamada a poner freno a estos excesos y ello en realidad solo puede hacerse desde instituciones que, como las mencionadas, ayuden a que los propios periodistas se autorregulen. De no hacerlo, de no desplegarse instituciones como el Consejo General o el Consejo de Medios Audiovisuales, se corre el riesgo de que derechos como el de la Información o libertades como la de Prensa se vean seriamente comprometidas.

Editor: Universidad Isabel I

ISSN 2792-1786

Burgos, España

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