Un mazo y unos manuales de Derecho
La orden europea de detención y entrega (ODE) o euroorden es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea para la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona reclamada por el primer Estado para:
  • Ser enjuiciada en el Estado que emite la orden o
  • Cumplir una condena a una pena o medida de seguridad privativa de libertad o medida de internamiento en un centro de menores
Es un título judicial establecido entre los países de la Unión Europea, que se cumplimenta a través de un formulario preestablecido y que no necesita de documentación adicional, para sustituir al procedimiento tradicional de extradición y que establece plazos muy breves para su resolución.
Las ventajas de la orden de detención europea son:
  • Elimina la intervención de autoridades administrativas, siendo un mecanismo de comunicación exclusivo entre órganos judiciales.
  • Establece unos motivos de denegación tasados para la ejecución de la orden (indulto, sobreseimiento libre, la persona reclamada ha sido juzgada y condenada en otro Estado, ya sea miembro o no de la Unión Europea o cuando no se le puede enjuiciar por motivos de edad).
  • En general, la orden establece el control de la doble tipificación, la comprobación que los hechos por los que se dicta la orden están tipificados en el país que la recibe como delito.
    • La orden incluye de un amplio número de delitos que, por su especial gravedad o las circunstancias que los rodean, no están sometidos al principio de la doble tipificación (terrorismo, trata de seres humanos, explotación sexual de menores y pornografía infantil, tráfico de drogas o de armas, tráfico de órganos, falsificación de moneda, racismo, xenofobia, etc.).
    • Los delitos que no precisan de la doble tipificación, solamente deben tener atribuida una pena privativa de libertad de al menos tres años de duración en el país de expedición de la orden.
La orden europea de detención entró en vigor en 2002 y se estableció como un mecanismo esencial para la persecución del delito más allá de las fronteras de cada Estado miembro de la Unión Europea. Dieciséis años después, por desgracia, todavía son muchos los pasos que se deben dar para conseguir su plena efectividad.

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