Víctor Rodríguez González - Mar, 13/01/2026 - 08:50
Dron en funcionamiento.
Evolución y democratización de los drones
En menos de una década, los drones han pasado de ser una curiosidad tecnológica a convertirse en una herramienta cotidiana para aficionados, profesionales, empresas y organismos públicos. Hoy conviven en el mercado aeronaves de todos los tamaños, con prestaciones que hace unos años solo imaginábamos: transmisión en tiempo real mediante wifi o 5G, navegación precisa mediante GPS y GNSS, cámaras de alta resolución, sensores térmicos, sistemas anticolisión y capacidad para misiones autónomas. Su accesibilidad es tal que muchas personas los adquieren sin comprender por completo el alcance técnico, operativo y legal que implica poner un dron en el aire. El mercado global de drones superó en 2023 los 30.000 millones de dólares y continúa creciendo a un ritmo del 7-10 % anual (Statista, 2024).
Expansión del uso y marco normativo europeo
La diversidad de estos aparatos es enorme y su uso se extiende tanto por zonas pobladas como no pobladas. Sin embargo, esta expansión no siempre va acompañada del cumplimiento de la normativa vigente. Desde 2021, toda la operación de drones en España se rige por el marco europeo común, que organiza las operaciones en categorías abierta, específica y certificada, y que obliga —según el tipo de dron y el riesgo de la operación— a formación, registro de operadores, marcado de clases (C0–C6), identificación remota y análisis de riesgos SORA. A pesar de esta regulación más madura y homogénea, siguen produciéndose infracciones habituales: vuelos sobre aglomeraciones sin autorización, operaciones nocturnas sin formación adecuada, o grabaciones en contextos sensibles sin respetar los derechos fundamentales. En 2023, España superó los 90.000 operadores de drones registrados, un incremento notable respecto a 2022 (AESA). Las sanciones por uso indebido pueden superar los 200.000 € en operaciones profesionales graves (AESA).
Ciberseguridad: un vector emergente de riesgo
Desde la perspectiva de la ciberseguridad, los drones se han convertido en un vector de riesgo emergente. Al depender de tecnologías conectadas —sistemas de navegación satelital, redes wifi, aplicaciones móviles, almacenamiento en la nube o enlaces de radio— también heredan sus vulnerabilidades. La pérdida de confidencialidad (robo de imágenes o datos de vuelo), la pérdida de integridad (alteración de trayectorias) o la pérdida de disponibilidad (interferencias o secuestro del dron) son amenazas reales que ya han sido demostradas en múltiples escenarios.
Técnicas como el GPS spoofing, el jamming, la interceptación de comunicaciones wifi o el acceso no autorizado a aplicaciones de control pueden comprometer seriamente al dron y a su operador. Por ello, los estándares de seguridad europeos y las directrices de EASA recomiendan mecanismos de identificación remota, encriptación de las comunicaciones, actualizaciones periódicas del firmware y análisis de riesgos proporcional al tipo de operación.
Privacidad y protección de datos
En el ámbito de la privacidad, los drones continúan generando debate. Su capacidad para captar imágenes sin que una persona perciba su presencia o identifique a su responsable obliga a tomar en serio la normativa de protección de datos. El RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos española son plenamente aplicables cuando las grabaciones afectan a personas identificadas o identificables, salvo en usos estrictamente domésticos.
Esto implica informar adecuadamente, limitar las grabaciones al propósito declarado, evitar captar zonas privadas sin consentimiento, custodiar las imágenes con garantías y, en operaciones profesionales, realizar evaluaciones de impacto cuando existan riesgos significativos para los derechos de los ciudadanos. La Agencia Española de Protección de Datos y AESA han reforzado la publicación de guías conjuntas para ayudar a operadores y empresas a cumplir simultáneamente con la regulación aeronáutica y con la normativa de privacidad. La AEPD informó de un incremento del 9 % en consultas y denuncias sobre uso de drones con implicaciones de privacidad durante 2023.
Seguridad física e infraestructuras estratégicas
Más allá de la información, los drones pueden plantear desafíos relevantes para la seguridad física y la protección de infraestructuras estratégicas. Incidentes como vuelos no autorizados sobre aeropuertos, bases militares, centrales nucleares o sedes gubernamentales han obligado a los Estados a reforzar las medidas de detección y neutralización de aeronaves no tripuladas. Algunos casos, como los vuelos sobre diversas centrales nucleares francesas o los episodios en aeropuertos europeos que provocaron cierres temporales, evidencian que la amenaza es tangible y evoluciona al ritmo de la tecnología. Esta situación ha impulsado el despliegue de sistemas counter-UAS, protocolos policiales específicos y marcos legales más claros para gestionar situaciones de riesgo, siempre respetando los límites de actuación y garantizando la proporcionalidad.
Valor añadido y aplicaciones sectoriales
A pesar de los riesgos, el valor añadido que aportan los drones resulta indiscutible. La capacidad de planificar, monitorizar, inspeccionar, analizar y actuar de forma rápida y precisa los ha convertido en aliados fundamentales para sectores tan diversos como la agricultura de precisión, emergencias y rescate, vigilancia forestal, cine y publicidad, logística, topografía o mantenimiento industrial. Empresas tecnológicas globales —como Amazon, Google o diversos operadores logísticos— ya prueban servicios avanzados de entrega aérea, integrados en corredores seguros y controlados.
Del mismo modo, los cuerpos de emergencias y protección civil han incorporado estos dispositivos para mejorar la respuesta ante incendios, inundaciones, rescates de montaña o búsqueda de personas desaparecidas, integrando el uso de drones en sus procedimientos operativos estándar. En 2023, el 78 % de los cuerpos de bomberos en España emplearon drones en operaciones de incendios forestales (MITECO).
Evolución normativa y régimen sancionador
La evolución normativa ha sido clave para equilibrar la innovación con la seguridad. AESA mantiene un régimen sancionador que, según el tipo de infracción, puede ir desde varios miles de euros hasta cifras superiores a los 200.000 € para operaciones de riesgo grave o reincidentes, especialmente en el ámbito profesional. La identificación remota, la obligación de registrar al operador, la formación certificada y el uso de drones con marcado de clase son hoy elementos esenciales para volar dentro de la ley. El marco sancionador actualizado en 2023 endureció las infracciones por vuelos en zonas restringidas y faltas graves de seguridad (AESA, 2023).
Uno de los cambios más relevantes de los últimos años es la apertura regulatoria hacia nuevos usos profesionales. La legislación actual ya contempla la posibilidad de que empresas de seguridad privada utilicen drones para vigilancia de grandes superficies o para apoyar a vigilantes en determinadas funciones, siempre bajo estrictas condiciones operativas y de protección de datos.