Participantes en la segunda mesa de debate sobre la legislación peruana y la figura del compliance en diversos ámbitos.
25 de febrero de 2026. La Universidad Isabel I ha organizado la II Jornada de Derecho Penal Empresarial, un encuentro académico que ha aportado luz a las actuales dificultades relacionadas con la responsabilidad penal corporativa. Los temas abordados se centraron en los programas de prevención del delito en las empresas, la responsabilidad penal de las personas jurídicas o las implicaciones éticas y de gobernanza en el contexto empresarial contemporáneo, poniendo el acento en el papel del compliance o cumplimiento normativo.
Compliance se define como el conjunto de procedimientos, controles y buenas prácticas que una organización implanta para asegurarse de que se cumpla la ley y en sus propias normas internas. En el ámbito empresarial, el compliance busca prevenir delitos y sanciones, reducir riesgos legales y proteger la reputación de una empresa, aplicando la cultura ética dentro de la organización.
La jornada, organizada por el Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, el Grado en Derecho y el Máster en el Ejercicio de la Abogacía y la Procura en colaboración con el despacho de abogados Caro & Asociados y la Asociación de Letrados del Tribunal Supremo, reunió a expertos del ámbito judicial, académico e investigador en una cita marcada por el análisis práctico y el debate jurídico.
Inaugurada por la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Erica Florina Carmona Bayona, y el director del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas, Ronan Ciréfice, esta jornada destacó por la importancia de conectar la formación universitaria con la realidad profesional y judicial. “Eventos como este consolidan la formación de los futuros juristas para innovar en la reflexión y la prevención sobre los principales retos en el derecho penal empresarial”, destacó la decana.
Ronan Ciréfire y Erica Florina Carmona Bayona.
El compliance officer, en el centro del debate
La conferencia inaugural estuvo a cargo del magistrado del Tribunal Supremo y profesor de la Universidad Isabel I, Fernando Pinto Palacios, quien abordó el tema de “Los desafíos del compliance officer”. El profesor Pinto Palacios profundizó en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, especialmente tras la reforma del Código Penal de 2015.
“El delito corporativo se asienta en un incumplimiento normativo en la empresa”, afirmó el magistrado, subrayando que la clave para evitar la condena de la persona jurídica radica en la existencia de un programa de cumplimiento eficaz que debe estar coordinado por el compliance officer. Sus funciones se centran en la identificación de riesgos penales y su valoración, las funciones de implantación de medidas de prevención, supervisión y reporte, así como la creación de los protocolos para responder ante los incumplimientos legales o normativos que supongan un riesgo penal.
Ronan Ciréfire y Fernando Pinto Palacios.
Sobre la figura del compliance officer, el profesor Pinto Palacios destacó la ausencia de una regulación específica, aunque defendió que debe tratarse de un profesional con sólida formación jurídica, experiencia y autonomía. “Debe tener independencia, poder de iniciativa y recursos suficientes para ejercer el control que lleve a la empresa por la senda de la legalidad”, señaló. Entre sus funciones esenciales mencionó la elaboración del mapa de riesgos penales, la implantación de medidas preventivas, la gestión del canal de denuncias y la reacción protocolizada ante incumplimientos.
Apropiación indebida y problemas de técnica legislativa
La primera mesa redonda, coordinada por la profesora del Grado en Criminología, Sandra Suárez Castro, se orientó, en primer lugar, hacia la jurisprudencia más actualizada sobre el delito de apropiación indebida, de la mano de la magistrada, doctora en Derecho y letrada del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, (en el área penal), María Luisa Silva Castaño. La experta en la materia disertó sobre la evolución histórica de esta figura delictiva y sus problemas interpretativos actuales.
“La ubicación sistemática y la confusión de conductas típicas dejan mucho que desear desde el punto de vista de la seguridad jurídica”, afirmó. La ponente defendió una interpretación que tenga en cuenta la finalidad de la norma —la ratio legis— junto con criterios históricos y sistemáticos, siempre con el límite del principio de legalidad presente a la hora de hablar de apropiación indebida.
Asimismo, planteó el debate sobre la posible responsabilidad penal de la persona jurídica en este tipo de delitos, sugiriendo que el legislador debería reflexionar sobre su inclusión expresa en el catálogo de delitos imputables a las empresas.
Sandra Suárez Castro y María Luisa Silva Castaño.
El artículo 253 del Código Penal configura la apropiación indebida como una forma de infidelidad patrimonial, que se produce cuando alguien recibe un bien —especialmente dinero— con la obligación de devolverlo o destinarlo a un fin concreto y, en lugar de ello, lo hace suyo o lo desvía ilícitamente, lesionando el derecho de crédito del titular, que forma parte de su patrimonio; así, no se castiga solo el hecho material de “quedarse con el dinero”, sino la quiebra de la confianza y del fin pactado en la entrega, una interpretación que, en conexión con la figura de la administración desleal, ha sido respaldada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo al considerar penalmente relevantes estas conductas cuando implican una deslealtad en la gestión de patrimonio ajeno.
Inteligencia artificial y nuevo riesgo penal
El profesor del Máster en Asesoría Jurídica de la Universidad Isabel I y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, Luis de las Heras, centró su intervención en la inteligencia artificial como nuevo factor de riesgo penal corporativo. Según explicó, se está produciendo un cambio “del riesgo antropocéntrico al riesgo algorítmico”, caracterizado por la opacidad y la dificultad de atribuir responsabilidades individuales.
“La IA desestabiliza los presupuestos clásicos de imputación penal y obliga a repensar la penalidad desde el punto de vista del riesgo”, aseguró. A su juicio, el daño algorítmico “no nace de una decisión concreta, sino de un problema estructural en los datos o en la arquitectura del sistema”.
Ante este escenario, defendió la necesidad de implantar mecanismos de gobernanza algorítmica, auditorías técnicas, trazabilidad y explicabilidad. “La empresa debe poder apagar el botón cuando detecte sesgos o posibles delitos”, advirtió.
La mesa redonda continuó con la intervención de Daria Perrone, criminal law senior researcher de la Universidad de Pisa (Italia), quien analizó la lucha contra la corrupción en el sector privado desde la perspectiva europea. La investigadora alertó sobre la necesidad de un marco legislativo armonizado en Europa y expresó dudas respecto al principio de proporcionalidad y el riesgo de “sobrecriminalización”, especialmente en relación con el soborno privado configurado como delito de peligro.
Segunda mesa redonda sobre la legislación en Perú
La segunda mesa redonda, moderada por el director del Grado en ADE y el Máster en Project Management, Guillermo Cabanillas Holguín, abordó, en una primera intervención, la expansión del control penal en el ámbito internacional, ambiental y patrimonial desde la perspectiva del compliance. Todos los participantes de la mesa redonda forman parte del despacho de abogados Caro & Asociados, de Perú, como expertos en diversas materias relacionadas con la figura del compliance.
Dino Carlos Caro Coria disertó sobre el caso de Nicolás Maduro a partir de la acusación formulada en el Distrito Sur de Nueva York, explicando cómo Estados Unidos fundamenta su jurisdicción en los efectos del delito (principio de ubicuidad) y en doctrinas históricas que permiten mantener la competencia judicial aunque la detención haya sido irregular. Igualmente, estudió cómo abordar la cuestión de la inmunidad cuando no se reconoce formalmente la condición de jefe de Estado por parte de la legislación estadounidense.
Guillermo Cabanillas Holguín y Dino Carlos Caro Coria.
Luis Fernando Ibérico Castañeda examinó el tránsito de la infracción administrativa al delito ambiental, señalando que el Derecho penal peruano interviene cuando se superan los límites máximos permitidos y se genera lesión o peligro relevante para el medioambiente, lo que exige en las empresas una clara delimitación de responsabilidades, canales de control y comunicación con las comunidades afectadas.
Por su parte, Luis Miguel Reyna Alfaro destacó que el compliance se ha convertido en una herramienta de control interno y también de defensa procesal, actuando como “pararrayos” de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en un contexto de creciente expansión del Derecho penal económico e internacional.
Finalmente, Ana Cecilia Hurtado Huailla reflexionó sobre el riesgo patrimonial en los procesos de extinción de dominio, subrayando que no existe un derecho de propiedad protegible sobre bienes de origen ilícito, pero advirtiendo sobre la asimetría en los estándares probatorios —probabilidad prevalente para el Estado frente a mayor carga acreditativa para el titular—, lo que abre el debate sobre las garantías necesarias para equilibrar la lucha contra el crimen organizado y la protección del derecho de propiedad.
Conclusiones de la jornada
En la clausura de la jornada, Ronan Ciréfice, director del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad Isabel I, destacó el nivel académico y la utilidad práctica de las intervenciones, agradeciendo “el esfuerzo y la rigurosidad” de todos los ponentes. Subrayó que los debates celebrados han permitido profundizar en cuestiones clave como la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la gobernanza empresarial y la prevención de delitos económicos, ofreciendo a estudiantes y profesionales una visión actualizada y aplicada.
El profesor Ciréfice incidió en la relevancia estratégica del compliance dentro de la asesoría jurídica de empresas, no solo como mecanismo de prevención frente a riesgos como la corrupción o el blanqueo de capitales, sino como herramienta de fortalecimiento corporativo. Señaló que los modelos de cumplimiento, adaptados tanto a pymes como a multinacionales, junto con protocolos internos sólidos, “elevan la competitividad ética de las organizaciones en un contexto de creciente escrutinio judicial y regulatorio”.
Asimismo, puso de relieve que estos espacios de reflexión contribuyen a actualizar el conocimiento jurídico en ámbitos especialmente sensibles como la digitalización, la protección de datos o el derecho laboral, reforzando la preparación de los futuros asesores jurídicos ante un entorno cada vez más exigente.
Con esta segunda edición, la Universidad Isabel I consolida un foro académico especializado en uno de los ámbitos más dinámicos del Derecho actual, donde la prevención del delito, la ética empresarial y los desafíos tecnológicos marcan el presente y el futuro de la responsabilidad penal corporativa.
Sigue la jornada completa a través de este enlace.