Jesús Alberto Benítez Amado - Lun, 05/12/2022 - 19:06
Congreso de los Diputados, Madrid.
Serie: 'El Derecho Responde' (CLXVII)
Como ya reflexioné en un artículo publicado en este mismo medio el pasado año, en España, los españoles volvemos a conmemorar este 6 de diciembre la ratificación vía referéndum del pueblo español de nuestra carta magna, produciéndose este año el 44º aniversario.
Para muchos, el día de la Constitución española no es más que uno de los días festivos que tiene el calendario laboral de nuestro país, y que con suerte puede ser unido a la festividad de la Inmaculada Concepción para formar lo que conocemos como `puente´.
Para otros tantos, el día 6 de diciembre se presenta como un día solemne y festivo donde una inmensa mayoría de la ciudadanía española celebra orgullosa un legado que simboliza el inicio de una nueva era democrática y de vuelta a la normalidad como país y como sociedad dentro del orden global.
Constitución de 1978 firmada por el Rey Juan Carlos I. Fuente: Congreso de los Diputados.
Sea cual sea la posición de quién lea este artículo, la totalidad de los españoles sí que debería ser consciente de la importancia que tiene nuestra norma suprema como marco institucional básico de convivencia para todos los ciudadanos de este país, adquieran la condición de personas físicas o jurídicas.
Es decir, y pese a los numerosos defectos y limitaciones que puedan señalarse respecto a la misma, podríamos referir consensualmente que son innumerables los beneficios que nos ha aportado tanto a la sociedad en su conjunto, como al ordenamiento jurídico y al orden institucional en su totalidad.
Sí en el artículo anterior mencionaba la relativa preocupación de los españoles en lo que se refiere al estado de salud de nuestro sistema institucional, y, por ende, de nuestra norma fundamental; en esta ocasión no puedo sino insistir nuevamente en esta cuestión que sigue sin estar resuelta, y que no es otra que el problema creciente de la desafección ciudadana respecto a nuestras instituciones (unas más que otras).
Precisamente esta semana diversos medios de comunicación se hacían eco de los resultados arrojados por el último ´Estudio sobre confianza de la sociedad española´ (Fundación BBVA, 2022), donde una vez más se arrojan datos preocupantes del estado de ánimo de la ciudadanía española respecto a las instituciones públicas que nos representan y/o que gobiernan nuestra sociedad.
Este barómetro de opinión pública, que ofrece evidencia empírica a partir de los datos de una encuesta con una muestra representativa de 4.000 personas consultadas durante los meses de septiembre y octubre de 2022; se encuentra en sintonía con otras encuestas publicadas por otras instituciones como el Centro de Investigaciones Sociológicas -CIS- (barómetros periódicos) o la Fundación Alternativas (Informe anual sobre el estado de nuestra democracia).
Así, algunos de los resultados derivados de este estudio son alarmantes: en lo relativo a la confianza que tienen los ciudadanos españoles en las instituciones, llama la atención que, si bien puede observarse una confianza sólida en un amplio abanico de instituciones nacionales y supranacionales, así como en los grupos profesionales vinculados a ellas como pueden ser la sanidad pública, la policía o el ejército; otras instituciones centrales de nuestra sociedad como el Parlamento, el Gobierno central, los partidos políticos, los sindicatos, los bancos o la iglesia católica se encuentran en el extremo de menor confianza.
Mientras, en posiciones intermedias pueden encontrarse otras instituciones en las que confían más de la mitad de los españoles y entre las que se encuentran las organizaciones ecologistas, los medios de comunicación, los tribunales de Justicia o grupos empresariales nacionales.
Bien es cierto que las sociedades actuales están inmersas en una crisis multidimensional y compleja, y que la española no permanece ajena a ello. En un contexto de máxima incertidumbre, volatilidad e inestabilidad, las naciones y los sistemas políticos que los gobiernan precisan más que nunca de un orden institucional que les dote de estabilidad, seguridad jurídica y normalidad.
También es cierto que muchos de los males que afectan a nuestro sistema institucional no pueden ser reducidos al estado de nuestra norma suprema y/o del ordenamiento jurídico regulatorio; sino más bien al uso y aplicación que le dan los distintos actores que participan (basta como ejemplo la cuestión de la renovación de los órganos judiciales).
Sea como sea, convendría aprovechar esta jornada festiva anual para repensar nuestro sistema institucional vigente y sus diversas reformas inacabadas pendientes.
Cómo suele afirmarse en la literatura académica relativa a la toma de decisiones en organizaciones públicas y privadas, la inacción y/o la no asunción de ciertas responsabilidades es una decisión en sí misma que puede tener consecuencias nefastas para las distintas partes afectadas.
Son muchos los sectores de la sociedad española, desde la academia, la política y desde la sociedad española; que vienen reclamando desde hace bastante tiempo la necesidad de acometer una profunda revisión de nuestro texto constitucional, para adaptarla a nuevas demandas y necesidades, y/o para dar respuesta a fenómenos que emergen en nuestro entorno.
¿A qué esperan nuestros representantes públicos y políticos para iniciar un período de reflexión profunda de nuestro sistema institucional que sea capaz de revertir el desgaste severo de ciertas instituciones y la creciente desafección institucional que aqueja parte de la sociedad española?
«Sólo al ocuparse de la reforma constitucional actúan los miembros del Parlamento como auténticos representantes de la totalidad, y no, como es lo habitual, únicamente de aquella parte que comparte su ideología y los apoya electoralmente»
(Bruce Ackerman, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Yale, EE. UU.).
Referencias bibliográficas:
- Agudo Zamora, M. (2016). Reforma constitucional y nuevo paradigma del Estado social: De la ordenación contingente a la organización consciente del bienestar. Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces. Consejería de la Presidencia y Administración Local, Junta de Andalucía.
- Aragón Reyes, M. (3 de abril de 2019). La crisis de la democracia constitucional: ¿un pasado que amenaza volver? Revista de Libros, segunda época.
- Fernández Cañueto, D. (2019). Representación política y Constitución española. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Informe Semanal (RTVE). (2018). La Constitución a debate [Vídeo].
- Informe Semanal (RTVE). Constitución: ¿continuidad o reforma? [Vídeo].
Editor: Universidad Isabel I
Burgos, España
ISSN: 2603-9087
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