La nueva Ley de Vivienda en España

La nueva Ley de Vivienda en España.

Serie: 'El Derecho Responde' (CLXXVIII)

La Ley de Vivienda en España es un conjunto de normas y regulaciones que tienen como objetivo regular y proteger el derecho a la vivienda en el país. Actualmente, está regulada por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. La primera regula las relaciones entre propietarios e inquilinos, estableciendo los derechos y obligaciones de ambas partes, los plazos de duración del contrato de alquiler, los precios del alquiler, las garantías y las responsabilidades de mantenimiento y reparación de la vivienda. La segunda ley tiene como objetivo promover la rehabilitación de edificios y la regeneración de áreas urbanas deterioradas, así como fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad en la construcción de viviendas. En resumen, la Ley de Vivienda en España establece un marco legal para regular el mercado de la vivienda y proteger los derechos de los inquilinos y propietarios, al tiempo que promueve la rehabilitación y regeneración urbana.

La nueva Ley de Vivienda de 2023 ha sido aprobada en abril de 2023 y promete revolucionar el sector inmobiliario en España. La normativa, tras dos años de negociaciones, incluye una serie de medidas que ofrecen protección tanto a inquilinos como a propietarios. Los 4 grandes cambios de la Ley de Vivienda en 2023 son los siguientes:

1. Límite de la actualización del precio del alquiler con el IPC: la medida más comentada de la Ley de Vivienda en 2023 limita la actualización del precio del alquiler al 3 % a partir del 1 de enero de 2024. El límite, que hasta diciembre de 2023 será del 2 %, aumentará un punto porcentual, manteniendo el objetivo de paliar el incremento de los precios del alquiler. Además, a partir de 2025, será ilegal vincular la renta del alquiler al IPC, produciendo una desvinculación del índice del precio del alquiler total.
2. Modificación y ampliación de las zonas tensionadas: a partir de ahora, se considerará zona tensionada cualquier localización que cumpla con, al menos, una de las dos condiciones siguientes: que la suma del alquiler promedio más los gastos y los suministros básicos sea superior al 30% de la renta media de la zona o que el precio del alquiler aumente un 3% por encima del IPC en los últimos 5 años previos a la declaración de zona tensionada. Con la nueva regulación, la competencia de determinar si un área está tensionada o no recae en las Comunidades Autónomas.
3. Nueva definición de grandes tenedores: la nueva Ley de Vivienda de 2023 redefine el concepto de gran tenedor, considerando como tal a la persona física o jurídica que sea propietaria de más de cinco viviendas.
4. Incentivos a la vivienda social: la nueva normativa prevé una serie de incentivos para fomentar la construcción y el alquiler de viviendas sociales, especialmente destinadas a colectivos vulnerables.

​Editor: Universidad Isabel I

Burgos, España

ISSN: 2603-9087